Ley orgánica del Poder Judicial.
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Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, BOE del 2 del mismo mes.


Art. 1

La Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del 
Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente a la Constitución y al 
imperio de la ley.

Art. 2

1. El ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo Juzgado, corresponde 
exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las leyes y en los tratados internacionales.
2. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el párrafo anterior, las de 
Registro Civil y las demás que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho.

Art. 3

1. La jurisdicción es única y se ejerce por los Juzgados y Tribunales previstos en esta Ley, sin perjuicio de las 
potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución a otros órganos.
2. La competencia de la jurisdicción militar quedará limitada al ámbito estrictamente castrense respecto de 
los hechos tipificados como delitos militares por el Código Penal Militar y a los supuestos de estado de sitio, 
de acuerdo con la declaración de dicho estado y la Ley Orgánica que lo regula, sin perjuicio de lo que se 
establece en el artículo 9, apartado 2, de esta Ley.

Art. 4

La jurisdicción se extiende a todas las personas, a todas las materias y a todo el territorio español, en la 
forma establecida en la Constitución y en las leyes.

Art. 5

1. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vincula a todos los Jueces y Tribunales, 
quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios 
constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el 
Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos.
2. Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al 
caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el 
Tribunal Constitucional, con arreglo a lo que establece su Ley Orgánica.
3. Procederá el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad cuando por vía interpretativa no sea 
posible la acomodación de la norma al ordenamiento constitucional.
4. En todos los casos en que, según la ley, proceda recurso de casación, será suficiente para fundamentarlo la 
infracción de precepto constitucional. En este supuesto, la competencia para decidir el recurso corresponderá 
siempre al Tribunal Supremo, cualesquiera que sean la materia, el derecho aplicable y el orden 
jurisdiccional.


Art. 6

Los Jueces y Tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la 
Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa.

Art. 7

1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del Título I de la Constitución vinculan, en 
su integridad, a todos los Jueces y Tribunales y están garantizados bajo la tutela efectiva de los mismos.
2. En especial, los derechos enunciados en el artículo 53.2 de la Constitución se reconocerán, en todo caso, 
de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado, sin que las resoluciones judiciales puedan 
restringir, menoscabar o inaplicar dicho contenido.
3. Los Juzgados y Tribunales protegerán los derechos e intereses legítimos, tanto individuales como 
colectivos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Para la defensa de estos últimos se 
reconocerá la legitimación de las corporaciones, asociaciones y grupos que resulten afectados o que estén 
legalmente habilitados para su defensa y promoción.


Art. 8

Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el 
sometimiento de ésta a los fines que la justifican.


Art. 9

1. Los Juzgados y Tribunales ejercerán su jurisdicción exclusivamente en aquellos casos en que les venga 
atribuida por ésta u otra ley.
2. Los Tribunales y Juzgados del orden civil conocerán, además de las materias que les son propias, de todas 
aquellas que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional.
En este orden civil, corresponderá a la jurisdicción militar la prevención de los juicios de testamentaría y de 
abintestato de los miembros de las Fuerzas Armadas que, en tiempo de guerra, fallecieren en campaña o 
navegación, limitándose a la práctica de la asistencia imprescindible para disponer el sepelio del difunto y la 
formación del inventario y aseguramiento provisorio de sus bienes, dando siempre cuenta a la Autoridad 
judicial civil competente.
3. Los del orden jurisdiccional penal tendrán atribuido el conocimiento de las causas y juicios criminales, 
con excepción de los que correspondan a la jurisdicción militar.
4. Los del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con 
los actos de la Administración pública sujetos al derecho administrativo y con las disposiciones 
reglamentarias.
5. Los del orden jurisdiccional social conocerán de las pretensiones que se promuevan dentro de la rama 
social del Derecho, tanto en conflictos individuales como en colectivos, así como las reclamaciones en 
materia de Seguridad Social o contra el Estado cuando le atribuya responsabilidad la legislación laboral.
6. La jurisdicción es improrrogable. Los órganos judiciales apreciarán de oficio la falta de jurisdicción y 
resolverán sobre la misma con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal. En todo caso, esta resolución 
será fundada y se efectuará indicando siempre el orden jurisdiccional que se estime competente.


Art. 10

1. A los solos efectos prejudiciales, cada orden jurisdiccional podrá conocer de asuntos que no le estén 
atribuidos privativamente.
2. No obstante, la existencia de una cuestión prejudicial penal de la que no pueda prescindirse para la debida 
decisión o que condicione directamente el contenido de ésta determinará la suspensión del procedimiento 
mientras aquélla no sea resuelta por los órganos penales a quienes corresponda, salvo las excepciones que la 
ley establezca.


Art. 11

1. En todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe. No surtirán efecto las pruebas 
obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales.
2. Los Juzgados y Tribunales rechazarán fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se 
formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal.
3. Los Juzgados y Tribunales, de conformidad con el principio de tutela efectiva consagrada en el artículo 24 
de la Constitución, deberán resolver siempre sobre las pretensiones que se les formulen, y sólo podrán 
desestimarlas por motivos formales cuando el defecto fuese insubsanable o no se subsanare por el 
procedimiento establecido en las leyes.


Art. 12

1. En el ejercicio de la potestad jurisdiccional, los Jueces y Magistrados son independientes respecto a todos 
los órganos judiciales y de gobierno del Poder Judicial.
2. No podrán los Jueces y Tribunales corregir la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico hecha 
por sus inferiores en el orden jerárquico judicial sino cuando administren justicia en virtud de los recursos 
que las leyes establezcan.
3. Tampoco podrán los Jueces y Tribunales, órganos de gobierno de los mismos o el Consejo General del 
Poder Judicial dictar instrucciones, de carácter general o particular, dirigidas a sus inferiores, sobre la 
aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico que lleven a cabo en el ejercicio de su función 
jurisdiccional.

Art. 13

Todos están obligados a respetar la independencia de los Jueces y Magistrados.

Art. 14

1. Los Jueces y Magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su independencia lo pondrán en 
conocimiento del Consejo General del Poder Judicial, dando cuenta de los hechos al Juez o Tribunal 
competente para seguir el procedimiento adecuado, sin perjuicio de practicar por sí mismos las diligencias 
estrictamente indispensables para asegurar la acción de la justicia y restaurar el orden jurídico.
2. El Ministerio Fiscal, por sí o a petición de aquéllos, promoverá las acciones pertinentes en defensa de la 
independencia judicial.

Art. 15

Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por alguna de 
las causas y con las garantías previstas en esta Ley.

Art. 16

1. Los Jueces y Magistrados responderán penal y civilmente en los casos y en la forma determinada en las 
leyes, y disciplinariamente de conformidad con lo establecido en esta Ley.
2. Se prohíben los Tribunales de Honor en la Administración de justicia.

Art. 17

1. Todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar, en la forma que la ley 
establezca, la colaboración requerida por los Jueces y Tribunales en el curso del proceso y en la ejecución de 
lo resuelto, con las excepciones que establezcan la Constitución y las leyes, y sin perjuicio del resarcimiento 
de los gastos y el abono de las remuneraciones debidas que procedan conforme a la ley.
2. Las Administraciones Públicas, las Autoridades y funcionarios, las Corporaciones y todas las entidades 
públicas y privadas, y los particulares, respetarán y, en su caso, cumplirán las sentencias y las demás 
resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las leyes.

Art. 18

1. Las resoluciones judiciales sólo podrán dejarse sin efecto en virtud de los recursos previstos en las leyes.
2. Las sentencias se ejecutarán en sus propios términos. Si la ejecución resultare imposible, el Juez o 
Tribunal adoptará las medidas necesarias que aseguren la mayor efectividad de la ejecutoria, y fijará en todo 
caso la indemnización que sea procedente en la parte en que aquélla no pueda ser objeto de cumplimiento 
pleno. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, declarada por el Gobierno, podrán expropiarse los 
derechos reconocidos frente a la Administración Pública en una sentencia firme, antes de su ejecución. En 
este caso, el Juez o Tribunal a quien corresponda la ejecución será el único competente para señalar por vía 
incidental la correspondiente indemnización.
3. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio del derecho de gracia, cuyo ejercicio, de acuerdo con 
la Constitución y las leyes, corresponde al Rey.

Art. 19

1. Los ciudadanos de nacionalidad española podrán ejercer la acción popular, en los casos y formas 
establecidos en la ley.
2. Asimismo, podrán participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la 
forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine en los Tribunales consuetudinarios y 
tradicionales y en los demás casos previstos en esta Ley.
3. Tiene el carácter de Tribunal consuetudinario y tradicional el Tribunal de las Aguas de la Vega 
Valenciana.

Art. 20

1. La Justicia será gratuita en los supuestos que establezca la ley.
2. Se regulará por ley un sistema de justicia gratuita que dé efectividad al derecho declarado en los artículos 
24 y 119 de la Constitución en los casos de insuficiencia de recursos para litigar.
3. No podrán exigirse fianzas que por su inadecuación impidan el ejercicio de la acción popular, que será 
siempre gratuita.

Art. 21

1. Los Juzgados y Tribunales españoles conocerán de los juicios que se susciten en territorio español entre 
españoles, entre extranjeros y entre españoles y extranjeros con arreglo a lo establecido en la presente ley y 
en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte.
2. Se exceptúan los supuestos de inmunidad de jurisdicción y de ejecución establecidos por las normas del 
Derecho Internacional público.

Art. 22

En el orden civil, los Juzgados y Tribunales españoles serán competentes:
1. Con carácter exclusivo, en materia de derechos reales y arrendamientos de inmuebles que se hallen en 
España; en materia de constitución, validez, nulidad o disolución de sociedades o personas jurídicas que 
tengan su domicilio en territorio español así como respecto de los acuerdos y decisiones de sus órganos; en 
materia de validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un Registro español, en materia de 
inscripciones o de validez de patente y otros derechos sometidos a depósito o registro cuando se hubiere 
solicitado o efectuado en España el depósito o registro; en materia de reconocimiento y ejecución en 
territorio español de resoluciones judiciales y decisiones arbitrales dictadas en el extranjero.
2. Con carácter general, cuando las partes se hayan sometido expresa o tácitamente a los Juzgados o 
Tribunales españoles, así como cuando el demandante tenga su domicilio en España.
3. En defecto de los criterios precedentes y en materia de declaración de ausencia o fallecimiento, cuando el 
desaparecido hubiere tenido su último domicilio en territorio español; en materia de incapacitación y de 
medidas de protección de la persona o de los bienes de los menores o incapacitados, cuando éstos tuviesen su 
residencia habitual en España; en materia de relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges, nulidad 
matrimonial, separación y divorcio, cuando ambos cónyuges posean residencia habitual en España al tiempo 
de la demanda o el demandante sea español y tenga su residencia habitual en España, así como cuando 
ambos cónyuges tengan la nacionalidad española, cualquiera que sea su lugar de residencia, siempre que 
promuevan su petición de mutuo acuerdo o uno con el consentimiento del otro; en materia de filiación y de 
relaciones paterno-filiales, cuando el hijo tenga su residencia habitual en España al tiempo de la demanda o 
el demandante sea español o resida habitualmente en España; para la constitución de la adopción, cuando el 
adoptante o el adoptado sea español o resida habitualmente en España; en materia de alimentos, cuando el 
acreedor de los mismos tenga su residencia habitual en territorio español; en materia de obligaciones 
contractuales, cuando éstas hayan nacido o deban cumplirse en España; en materia de obligaciones 
extracontractuales, cuando el hecho del que deriven haya ocurrido en territorio español o el autor del daño y 
la víctima tengan su residencia habitual común en España; en las acciones relativas a bienes muebles, si 
éstos se encuentran en territorio español al tiempo de la demanda; en materia de sucesiones, cuando el 
causante haya tenido su último domicilio en territorio español o posea bienes inmuebles en España.
4. Asimismo, en materia de contratos de consumidores, cuando el comprador tenga su domicilio en España 
si se trata de una venta a plazos de objetos muebles corporales o de préstamos destinados a financiar su 
adquisición, y en el caso de cualquier otro contrato de prestación de servicio o relativo a bienes muebles, 
cuando la celebración del contrato hubiere sido precedida por oferta personal o de publicidad realizada en 
España o el consumidor hubiera llevado a cabo en territorio español los actos necesarios para la celebración 
del contrato; en materia de seguros, cuando el asegurado y asegurador tengan su domicilio en España; y en 
los litigios relativos a la explotación de una sucursal, agencia o establecimiento mercantil, cuando éste se 
encuentre en territorio español. En materia concursal se estará a lo dispuesto en su ley reguladora.
5. Cuando se trate de adoptar medidas provisionales o de aseguramiento respecto de personas o bienes que se 
hallen en territorio español y deban cumplirse en España.


Art. 23

1. En el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos y 
faltas cometidos en territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de 
lo previsto en los tratados internacionales en los que España sea parte.
2. Asimismo conocerá de los hechos previstos en las leyes penales españolas como delitos, aunque hayan 
sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles o 
extranjeros que hubieren adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y 
concurrieren los siguientes requisitos:
a) Que el hecho sea punible en el lugar de ejecución.
b) Que el agraviado o el Ministerio Fiscal denuncien o interpongan querella ante los Tribunales españoles.
c) Que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o, en este último caso, no 
haya cumplido la condena. Si sólo la hubiere cumplido en parte, se le tendrá en cuenta para rebajarle 
proporcionalmente la que le corresponda.
3. Conocerá la jurisdicción española de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio 
nacional cuando sean susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como alguno de los siguientes 
delitos:
a) De traición y contra la paz o la independencia del Estado.
b) Contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor o el Regente.
c) Rebelión y sedición.
d) Falsificación de la firma o estampilla reales, del sello del Estado, de las firmas de los Ministros y de los 
sellos públicos u oficiales.
e) Falsificación de moneda española y su expedición.
f) Cualquier otra falsificación que perjudique directamente al crédito o intereses del Estado, e introducción o 
expedición de lo falsificado.
g) Atentado contra autoridades o funcionarios públicos españoles.
h) Los perpetrados en el ejercicio de sus funciones por funcionarios públicos españoles residentes en el 
extranjero y los delitos contra la Administración pública española.
i) Los relativos al control de cambios.
4. Igualmente será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o 
extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como alguno 
de los siguientes delitos:
a) Genocidio.
b) Terrorismo.
c) Piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves.
d) Falsificación de moneda extranjera.
e) Los relativos a la prostitución.
f) Tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes.
g) Y cualquier otro que, según los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en España.
5. En los supuestos de los apartados 3 y 4 será de aplicación lo dispuesto en la letra c) del apartado 2 de este 
artículo.

Art. 24

En el orden contencioso-administrativo será competente, en todo caso, la jurisdicción española cuando la 
pretensión que se deduzca se refiera a disposiciones de carácter general o a actos de las Administraciones 
públicas españolas. Asimismo conocerá de las que se deduzcan en relación con actos de los Poderes públicos 
españoles, de acuerdo con lo que dispongan las leyes.

Art. 25

En el orden social, los Juzgados y Tribunales españoles serán competentes:
1. En materia de derechos y obligaciones derivados de contrato de trabajo, cuando los servicios se hayan 
prestado en España o el contrato se haya celebrado en territorio español; cuando el demandado tenga su 
domicilio en territorio español o una agencia, sucursal, delegación o cualquier otra representación en 
España; cuando el trabajador y el empresario tengan nacionalidad española cualquiera que sea el lugar de 
prestación de los servicios o de celebración del contrato; y, además, en el caso de contrato de embarque, si el 
contrato fue precedido de oferta recibida en España por trabajador español.
2. En materia de control de legalidad de los convenios colectivos de trabajo celebrados en España y de 
pretensiones derivadas de conflictos colectivos de trabajo promovidos en territorio español.
3. En materia de pretensiones de Seguridad Social frente a entidades españolas o que tengan domicilio, 
agencia, delegación o cualquier otra representación en España.

Art. 26

El ejercicio de la potestad jurisdiccional se atribuye a los siguientes Juzgados y Tribunales:
- Juzgados de Paz.
- Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo Contencioso-administrativo, de lo Social, de Menores y 
de Vigilancia Penitenciaria.
- Audiencias Provinciales.
- Tribunales Superiores de Justicia.
- Audiencia Nacional.
- Tribunal Supremo.

Art. 27

1. En las Salas de los Tribunales en las que existan dos o más Secciones, se designarán por numeración 
ordinal.
2. En las poblaciones en que existan dos o más Juzgados del mismo orden jurisdiccional y de la misma clase, 
se designarán por numeración cardinal.

Art. 28

En cada Sala o Sección de los Tribunales habrá una o más Secretarías y una sola en cada Juzgado.

Art. 29

La planta de los Juzgados y Tribunales se establecerá por ley. Será revisada, al menos, cada cinco años, 
previo informe del Consejo General del Poder Judicial, para adaptarla a las nuevas necesidades.

Art. 30

El Estado se organiza territorialmente, a efectos judiciales, en municipios, partidos, provincias y 
Comunidades Autónomas.

Art. 31

El municipio se corresponde con la demarcación administrativa del mismo nombre.

Art. 32

1. El partido es la unidad territorial integrada por uno o más municipios limítrofes, pertenecientes a una 
misma provincia.
2. La modificación de partidos se realizará, en su caso, en función del número de asuntos, de las 
características de la población, medios de comunicación y comarcas naturales.
3. El partido podrá coincidir con la demarcación provincial.

Art. 33

La provincia se ajustará a los límites territoriales de la demarcación administrativa del mismo nombre.

Art. 34

La Comunidad Autónoma será el ámbito territorial de los Tribunales Superiores de Justicia.

Art. 35

1. La demarcación judicial, que determinará la circunscripción territorial de los órganos judiciales, se 
establecerá por Ley.
2. A tal fin, las Comunidades Autónomas participarán en la organización de la demarcación judicial de sus 
territorios respectivos, remitiendo al Gobierno, a solicitud de éste, una propuesta de la misma en la que 
fijarán los partidos judiciales.
3. El Ministerio de Justicia, vistas las propuestas de las Comunidades Autónomas, redactará un anteproyecto, 
que será informado por el Consejo General del Poder Judicial en el plazo de dos meses.
4. Emitido el precitado informe, el Gobierno aprobará el oportuno proyecto de ley, que, en unión de las 
propuestas de las Comunidades Autónomas y del informe del Consejo General del Poder Judicial, remitirá a 
las Cortes Generales para su tramitación.
5. La demarcación judicial será revisada cada cinco años o antes, si las circunstancias lo aconsejan, mediante 
ley elaborada conforme al procedimiento anteriormente establecido.
6. Las Comunidades Autónomas, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, determinarán, por 
Ley, la capitalidad de los partidos judiciales. (Redactado según LO 16/1994, de 8 de noviembre, BOE del 9 
del mismo mes).

Art. 36

La creación de Secciones y Juzgados corresponderá al Gobierno cuando no suponga alteración de la 
demarcación judicial, oídos preceptivamente la Comunidad Autónoma afectada y el Consejo General del 
Poder Judicial.

Art. 37

1. Corresponde al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, proveer a los Juzgados y Tribunales de los 
medios precisos para el desarrollo de su función con independencia y eficacia.
2. A tal efecto, el Consejo General del Poder Judicial remitirá anualmente al Gobierno, a través del 
Ministerio de Justicia, una relación circunstanciada de las necesidades que estime existentes.
3. Podrá atribuirse a las Comunidades Autónomas la gestión de todo tipo de recursos, cualquiera que sea su 
consideración presupuestaria, correspondientes a las competencias atribuidas al Gobierno en el apartado 1 de 
este artículo, cuando los respectivos Estatutos de Autonomía les faculten en esta materia.
4. Los recursos propios que las Comunidades Autónomas destinen a las mismas finalidades deberán 
recogerse en un programa anual que será aprobado, previo informe favorable del Consejo General del Poder 
Judicial, por la correspondiente Asamblea Legislativa.

Art. 38

1. Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados o Tribunales y la Administración serán resueltos por un 
órgano colegiado constituido por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por cinco vocales, 
de los que dos serán Magistrados de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, 
designados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, y los otros tres serán Consejeros 
Permanentes de Estado, actuando como Secretario el de Gobierno del Tribunal Supremo.
2. El Presidente tendrá siempre voto de calidad en caso de empate.

Art. 39

1. Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados o Tribunales y la jurisdicción militar serán resueltos por 
una Sala compuesta por el Presidente del Tribunal Supremo, que la presidirá, dos Magistrados de la Sala de 
lo Penal de dicho Alto Tribunal designados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, y dos 
Consejeros Togados del Consejo Supremo de Justicia Militar designados por dicho Consejo. Actuará como 
Secretario de esta Sala el de Gobierno del Tribunal Supremo.
2. El Presidente tendrá siempre voto de calidad en caso de empate.

Art. 40

Anualmente se renovarán los componentes de los órganos colegiados decisorios previstos en los dos artículos 
anteriores.

Art. 41

El planteamiento, tramitación y decisión de los conflictos de jurisdicción se ajustará a lo dispuesto en la ley.

Art. 42

Los conflictos de competencia que puedan producirse entre Juzgados o Tribunales de distinto orden 
jurisdiccional, integrados en el Poder Judicial, se resolverán por una Sala especial del Tribunal Supremo, 
presidida por el Presidente y compuesta por dos Magistrados, uno por cada orden jurisdiccional en conflicto, 
que serán designados anualmente por la Sala de Gobierno. Actuará como Secretario de esta Sala especial el 
de Gobierno del Tribunal Supremo.

Art. 43

Los conflictos de competencia, tanto positivos como negativos, podrán ser promovidos de oficio o a instancia 
de parte o del Ministerio Fiscal mientras el proceso no haya concluido por sentencia firme, salvo que el 
conflicto se refiera a la ejecución del fallo.

Art. 44

El orden jurisdiccional penal es siempre preferente. Ningún Juez o Tribunal podrá plantear conflicto de 
competencia a los órganos de dicho orden jurisdiccional.

Art. 45

Suscitado el conflicto de competencia en escrito razonado, en el que se expresarán los preceptos legales en 
que se funde, el Juez o Tribunal, oídas las partes y el Ministerio Fiscal, por plazo común de diez días, 
decidirá por medio de auto si procede declinar el conocimiento del asunto o requerir al órgano jurisdiccional 
que esté conociendo para que deje de hacerlo.

Art. 46

1. Al requerimiento de inhibición se acompañará testimonio del auto dictado por el Juez o Tribunal 
requirente, de los escritos de las partes y del Ministerio Fiscal y de los demás particulares que estimen 
conducentes para justificar la competencia de aquél.
2. El requerido, con audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes por plazo común de diez días, dictará 
auto resolviendo sobre su competencia.

Art. 47

1. Si no se accediere al requerimiento, se comunicará así al requirente y se elevarán por ambos las 
actuaciones a la Sala de conflictos, conservando ambos órganos, en su caso, los testimonios necesarios para 
cumplir lo previsto en el apartado 2 del artículo 48.
2. La Sala, oído el Ministerio Fiscal por plazo no superior a diez días, dictará auto en los diez siguientes, sin 
que contra él quepa recurso alguno. El auto que se dicte resolverá definitivamente el conflicto de 
competencia.

Art. 48

1. Desde que se dicte el auto declinando la competencia o acordando el requerimiento y desde que se tenga 
conocimiento de éste por el Juez o Tribunal requerido, se suspenderá el procedimiento en el asunto a que se 
refiere aquél.
2. No obstante, la suspensión no alcanzará a las actuaciones preventivas o preparatorias ni a las cautelares, 
cualesquiera que sean los órdenes jurisdiccionales en eventual conflicto, que tengan carácter urgente o 
necesario, o que, de no adoptarse, pudieran producir un quebranto irreparable o de difícil reparación. En su 
caso, los Jueces o Tribunales adoptarán las garantías procedentes para asegurar los derechos o intereses de 
las partes o de terceros o el interés público.

Art. 49

Las resoluciones recaídas en la tramitación de los conflictos de competencia no serán susceptibles de recurso 
alguno, ordinario o extraordinario.

Art. 50

1. Contra la resolución firme en que el órgano del orden jurisdiccional indicado en la resolución a que se 
refiere el apartado 6 del artículo 9 declare su falta de jurisdicción en un proceso cuyos sujetos y pretensiones 
fuesen los mismos, podrá interponerse en el plazo de diez días recurso por defecto de jurisdicción.
2. El recurso se interpondrá ante el órgano que dictó la resolución, quien, tras oir a las partes personadas, si 
las hubiere, remitirá las actuaciones a la Sala de Conflictos.
3. La Sala reclamará del Juzgado o Tribunal que declaró en primer lugar su falta de jurisdicción que le 
remita las actuaciones y, oído el Ministerio Fiscal por plazo no superior a diez días, dictará auto dentro de 
los diez siguientes.

Art. 51

1. Las cuestiones de competencia entre Juzgados y Tribunales de un mismo orden jurisdiccional se 
resolverán por el órgano inmediato superior común, conforme a las normas establecidas en las leyes 
procesales.
2. En la resolución en que se declare la falta de competencia se expresará el órgano que se considere 
competente.

Art. 52

No podrán suscitarse cuestiones de competencia entre Jueces y Tribunales subordinados entre sí. El Juez o 
Tribunal superior fijará, en todo caso, y sin ulterior recurso, su propia competencia, oídas las partes y el 
Ministerio Fiscal por plazo común de diez días. Acordado lo procedente, recabarán las actuaciones del Juez 
o Tribunal inferior o le remitirán las que se hallare conociendo.

Art. 53

El Tribunal Supremo, con sede en la villa de Madrid, es el órgano jurisdiccional superior en todos los 
órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Tendrá jurisdicción en toda España y 
ningún otro podrá tener el título de Supremo.

Art. 54

El Tribunal Supremo se compondrá de su Presidente, los Presidentes de Sala y los Magistrados que 
determine la ley para cada una de las Salas y, en su caso, Secciones en que las mismas puedan articularse.

Art. 55

El Tribunal Supremo estará integrado por las siguientes Salas:
- Primera, de lo Civil.
- Segunda, de lo Penal.
- Tercera, de lo Contencioso-administrativo.
- Cuarta, de lo Social.

Art. 56

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo conocerá:
1. De los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia civil que establezca la Ley.
2. De las demandas de responsabilidad civil por hechos realizados en el ejercicio de su cargo, dirigidas 
contra el Presidente del Gobierno, Presidentes del Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo 
y del Consejo General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, 
Diputados y Senadores, Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal 
Constitucional y del Tribunal Supremo, Presidentes de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y 
de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, 
Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado, Defensor 
del Pueblo y Presidente y Consejeros de una Comunidad Autónoma, cuando así lo determine su Estatuto de 
Autonomía.
3. De las demandas de responsabilidad civil dirigidas contra Magistrados de la Audiencia Nacional o de los 
Tribunales Superiores de Justicia por hechos realizados en el ejercicio de sus cargos.
4. De las peticiones de ejecución de sentencias dictadas por Tribunales extranjeros, a no ser que, con arreglo 
a lo acordado en los tratados, corresponda su conocimiento a otro Juzgado o Tribunal.

Art. 57

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocerá:
1. De los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia penal que establezca la ley.
2. De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el Presidente del Gobierno, Presidentes del 
Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, 
Presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno. Diputados y Senadores, Vocales del Consejo 
General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Presidente de 
la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General 
del Estado, Fiscales de Sala del Tribunal Supremo Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, 
Presidente y Consejeros del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo, así como de las causas que, en su caso, 
determinen los estatutos de autonomía.
3. De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra Magistrados de la Audiencia Nacional o de un 
Tribunal Superior.

Art. 58

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo conocerá:
1. En única instancia, de los recursos contencioso-administrativos que se promuevan contra actos y 
disposiciones emanadas del Consejo de Ministros o de sus Comisiones Delegadas. De los recursos contra los 
actos y disposiciones procedentes del Consejo General del Poder Judicial y contra los actos y disposiciones de 
los órganos de gobierno del Congreso de los Diputados y del Senado, del Tribunal Constitucional, del 
Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo en materia de personal y actos de administración.
2. De los recursos de casación que se interpongan contra las sentencias dictadas por la Sala de lo 
Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
3. De los recursos de casación que establezca la ley contra las sentencias dictadas en primera instancia por 
las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia en recursos contra actos y 
disposiciones procedentes de órganos de la Administración del Estado.
4. De los recursos de casación que establezca la ley contra las sentencias dictadas en única instancia por las 
Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, en relación con actos y 
disposiciones de las Comunidades Autónomas y siempre que dicho recurso se funde en infracción de normas 
no emanadas de los órganos de aquéllas.
5. De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones del Tribunal de Cuentas.
6. De los recursos de revisión que establezca la ley y que no estén atribuidos a las Salas de lo Contencioso-
administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.

Art. 59

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo conocerá de los recursos de casación y revisión y otros 
extraordinarios que establezca la ley en materias propias de este orden jurisdiccional.

Art. 60

1. Conocerá además cada una de las Salas del Tribunal Supremo de las recusaciones que se interpusieren 
contra los Magistrados que las compongan, y de las cuestiones de competencia entre Juzgados o Tribunales 
del propio orden jurisdiccional que no tengan otro superior común.
2. A estos efectos, los Magistrados recusados no formarán parte de la Sala.

Art. 61

Una Sala formada por el presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el Magistrado más 
antiguo y el más moderno de cada una de ellas conocerá:
1. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas en única instancia por la Sala de lo Contencioso-
administrativo de dicho Tribunal.
2. De los incidentes de recusación del Presidente del Tribunal Supremo, o de los Presidentes de Sala, o de 
más de dos Magistrados de una Sala.
En este caso, los afectados directamente por la recusación serán sustituidos por quienes corresponda.
3. De las demandas de responsabilidad civil que se dirijan contra los Presidentes de Sala o contra todos o la 
mayor parte de los Magistrados de una Sala de dicho Tribunal por hechos realizados en el ejercicio de su 
cargo.
4. De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra los Presidentes de Sala o contra los Magistrados de 
una Sala, cuando sean juzgados todos o la mayor parte de los que la constituyen.
5. Del conocimiento de las pretensiones de declaración de error judicial cuando éste se impute a una Sala del 
Tribunal Supremo.

Art. 62

La Audiencia Nacional, con sede en la villa de Madrid, tiene jurisdicción en toda España.

Art. 63

1. La Audiencia Nacional se compondrá de su Presidente, los Presidentes de Sala y los Magistrados que 
detemine la Ley para cada una de sus Salas y Secciones.
2. El Presidente de la Audiencia Nacional tendrá la consideración de Presidente de Sala del Tribunal 
Supremo, y los Presidentes de Sala, la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo.

Art. 64

1. La Audiencia Nacional estará integrada por las siguientes Salas:
- De lo Penal.
- De lo Contencioso-administrativo.
- De lo Social.
2. En el caso de que el número de asuntos lo aconseje, podrán crearse dos o más Secciones dentro de una 
Sala.

Art. 65

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conocerá:
1. En única instancia, del enjuiciamiento de las causas por los siguientes delitos:
a) Delitos contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor, Altos Organismos de la Nación y forma de 
Gobierno.
b) Falsificación de moneda, delitos monetarios y relativos al control de cambios.
c) Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir 
grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en 
una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia.
d) Tráfico de drogas o estupefacientes, fraudes alimentarios y de sustancias farmacéuticas o medicinales, 
siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes 
a distintas Audiencias.
e) Delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda 
su enjuiciamiento a los Tribunales españoles.
En todo caso, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional extenderá su competencia al conocimiento de los 
delitos conexos con todos los anteriormente reseñados.
2. De los procedimientos penales iniciados en el extranjero, de la ejecución de sentencias dictadas por 
Tribunales extranjeros o del cumplimiento de pena de prisión impuesta por Tribunales extranjeros, cuando 
en virtud de un tratado internacional corresponda a España la continuación de un procedimiento penal 
iniciado en el extranjero, la ejecución de una sentencia penal extranjera o el cumplimiento de una pena o 
medida de seguridad privativa de libertad.
3. De las cuestiones de cesión de jurisdicción en materia penal derivadas del cumplimiento de tratados 
internacionales en los que España sea parte.
4. De los procedimientos judiciales de extradición pasiva, sea cual fuere el lugar de residencia o en que 
hubiese tenido lugar la detención del presunto extradicto.
5. De los recursos que se interpongan contra las sentencias y demás resoluciones de los Juzgados Centrales 
de Instrucción.
6. De cualquier otro asunto que le atribuyan las leyes.

Art. 66

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia de los 
recursos contra disposiciones y actos emanados de los Ministros y de los Secretarios de Estado, salvo que 
confirmen en vía administrativa de recurso o en procedimiento de fiscalización o tutela los dictados por 
órganos o entidades distintos, cualquiera que sea su ámbito territorial. Asimismo conocerá de los emanados 
de los Jefes de los Estados Mayores del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, 
exclusivamente en las materias referidas a ascensos, orden y antigedad en el escalafón y destinos.
(Redactado según LO 16/1994, de 8 de noviembre, BOE del 9 del mismo mes).

Art. 67

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia:
1. De los procesos especiales de impugnación de convenios colectivos cuyo ámbito territorial de aplicación 
sea superior al territorio de una Comunidad Autónoma.
2. De los procesos sobre conflictos colectivos cuya resolución haya de surtir efecto en un ámbito territorial 
superior al de una Comunidad Autónoma.

Art. 68

1. Conocerá además cada una de las Salas de la Audiencia Nacional de las recusaciones que se interpusieren 
contra los Magistrados que las compongan.
2. A estos efectos, los Magistrados recusados no formarán parte de la Sala.

Art. 69

Una Sala formada por el Presidente de la Audiencia Nacional, los Presidentes de las Salas y el Magistrado 
más antiguo y el más moderno de cada una, o aquel que, respectivamente, le sustituya, conocerá de los 
incidentes de recusación del Presidente, de los Presidentes de Sala o de más de dos Magistrados de una Sala.

Art. 70

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma culminará la organización judicial en el ámbito 
territorial de aquélla, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo.

Art. 71

El Tribunal Superior de Justicia tomará el nombre de la Comunidad Autónoma y extenderá su jurisdicción al 
ámbito territorial de ésta.

Art. 72

1. El Tribunal Superior de Justicia estará integrado por las siguiente Salas: de lo Civil y Penal, de lo 
Contencioso-administrativo y de lo Social.
2. Se compondrá de un Presidente, que lo será también de su Sala de lo Civil y Penal, y tendrá la 
consideración de Magistrado del Tribunal Supremo mientras desempeñe el cargo; de los Presidentes de Sala 
y de los Magistrados que determine la ley para cada una de las Salas y, en su caso, de las Secciones que 
puedan dentro de ellas crearse.

Art. 73

1. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia conocerá, como Sala de lo Civil:
a) Del recurso de casación que establezca la ley contra resoluciones de órganos jurisdiccionales del orden 
civil con sede en la Comunidad Autónoma, siempre que el recurso se funde en infracción de normas del 
Derecho Civil, Foral o Especial propio de la Comunidad, y cuando el correspondiente Estatuto de 
Autonomía haya previsto esta atribución.
b) Del recurso extraordinario de revisión que establezca la ley contra sentencias dictadas por órganos 
jurisdiccionales del orden civil con sede en la Comunidad Autónoma, en materia de Derecho Civil, Foral o 
Especial propio de la Comunidad Autónoma, si el correspondiente Estatuto de Autonomía ha previsto esta 
atribución.
2. Esta Sala conocerá igualmente:
a) En única instancia, de las demandas de responsabilidad civil, por hechos cometidos en el ejercicio de sus 
respectivos cargos, dirigidas contra el Presidente y miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma y contra los miembros de la Asamblea legislativa cuando tal atribución no corresponda, según los 
Estatutos de autonomía, al Tribunal Supremo.
b) En única instancia, de las demandas de responsabilidad civil, por hechos cometidos en el ejercicio de su 
cargo, contra todos o la mayor parte de los Magistrados de una Audiencia provincial o de cualquiera de sus 
secciones.
c) De las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la Comunidad 
Autónoma que no tengan otro superior común.
3. Como Sala de lo Penal, corresponde a esta Sala:
a) El conocimiento de las causas penales que los Estatutos de Autonomía reservan al conocimiento de los 
Tribunales Superiores de Justicia.
b) La instrucción y el fallo de las causas penales contra Jueces, Magistrados y miembros del Ministerio 
Fiscal por delitos o faltas cometidos en el ejercicio de su cargo en la Comunidad Autónoma siempre que esta 
atribución no corresponda al Tribunal Supremo.
c) El conocimiento de los recursos de apelación en los casos previstos por las leyes.
d) La decisión de las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del orden penal con sede en la 
Comunidad Autónoma que no tengan otro superior común.
4. Le corresponde, igualmente, la decisión de las cuestiones de competencia entre Juzgados de Menores de 
distintas provincias de la Comunidad Autónoma.

Art. 74

1. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia conocerá en única instancia:
a) De los recursos contencioso-administrativos contra los actos y disposiciones de los órganos de la 
Administración del Estado que no estén atribuidos o se atribuyan por ley a otros órganos de este orden 
jurisdiccional.
b) De los recursos contencioso-administrativos que se formulen contra los actos y disposiciones 
administrativas del órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma, de su Presidente y de los Consejeros, 
salvo que confirmen en vía administrativa de recurso o en procedimiento de fiscalización o tutela los 
dictados por órganos o entidades distintos.
c) De los recursos contra las disposiciones y actos procedentes de los órganos de gobierno de la Asamblea 
legislativa de la Comunidad Autónoma y de sus Comisionados, en materia de personal y actos de 
administración.
d) Del recurso contencioso-electoral contra los acuerdos de las Juntas electorales sobre proclamación de 
electos, así como sobre la elección y proclamación de los Presidentes de las Corporaciones Locales.
2. En segunda instancia conocerá de los recursos que establezca la ley y que se promuevan contra las 
resoluciones de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo con sede en la Comunidad Autónoma.
3. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia conocerá igualmente de las 
cuestiones de competencia entre los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo con sede en la Comunidad 
Autónoma.

Art. 75

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia conocerá:
1. En única instancia, de los procesos que la ley establezca sobre controversias que afecten a intereses de los 
trabajadores y empresarios en ámbito superior al de un Juzgado de lo Social y no superior al de la 
Comunidad Autónoma.
2. De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Social de la 
Comunidad Autónoma.
3. De las cuestiones de competencia que se susciten entre los Juzgados de lo Social de la Comunidad 
Autónoma.

Art. 76

Cada una de las Salas del Tribunal Superior de Justicia conocerá de las recusaciones que se formulen contra 
sus Magistrados cuando la competencia no corresponda a la Sala a que se refiere el artículo siguiente.

Art. 77

1. Una Sala constituida por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, los Presidentes de Sala y el 
Magistrado más moderno de cada una de ellas conocerá de las recusaciones formuladas contra el Presidente, 
los Presidentes de Sala o de Audiencias Provinciales con sede en la Comunidad Autónoma o de dos o más 
Magistrados de una Sala o Sección o de una Audiencia Provincial.
2. El recusado no podrá formar parte de la Sala, produciéndose, en su caso, su sustitución con arreglo a lo 
previsto en esta Ley.

Art. 78

Cuando el número de asuntos procedentes de determinadas provincias u otras circunstancias lo requieran 
podrán crearse, con carácter excepcional, Salas de lo Contencioso-Administrativo o de lo Social con 
jurisdicción limitada a una o varias provincias de la misma Comunidad Autónoma, en cuya capital tendrán 
su sede. Dichas Salas estarán formadas, como mínimo, por su Presidente, y se completarán, en su caso, con 
Magistrados de la Audiencia Provincial de su sede.

Art. 79

La Ley de Planta podrá, en aquellos Tribunales Superiores de Justicia en que el número de asuntos lo 
justifique, reducir el de Magistrados, quedando compuestas las Salas por su respectivo Presidente y por los 
Presidentes y Magistrados, en su caso, que aquélla determine.

Art. 80

1. Las Audiencias Provinciales, que tendrán su sede en la capital de la provincia, de la que tomarán su 
nombre, extenderán su jurisdicción a toda ella.
2. Podrán crearse Secciones de la Audiencia Provincial fuera de la capital de la provincia, a las que quedarán 
adscritos uno o varios partidos judiciales.

Art. 81

1. Las Audiencias Provinciales se compondrán de un Presidente y dos o más Magistrados. También podrán 
estar integradas por dos o más Secciones de ]a misma composición, en cuyo caso el Presidente de la 
Audiencia presidirá la Sección primera.
2. Cuando el escaso número de asuntos de que conozca una Audiencia Provincial lo aconseje, podrá constar 
su plantilla de uno o dos Magistrados, incluido el Presidente. En este caso, la Audiencia Provincial se 
completará para el enjuiciamiento y fallo, y cuando la naturaleza de la resolución a dictar lo exija, con el 
número de Magistrados que se precisen del Tribunal Superior de Justicia. A estos efectos, la Sala de 
Gobierno establecerá un turno para cada año judicial.
3. Del mismo modo, cuando así lo aconseje la mejor administración de justicia, las Secciones de la 
Audiencia podrán estar formadas por cuatro Magistrados. (Redactado según LO 16/1994, de 8 de noviembre, 
BOE del 9 del mismo mes).

Art. 82

1. Las Audiencias Provinciales conocerán en el orden penal:
1. De las causas por delito, a excepción de las que la ley atribuya al conocimiento de los Juzgados de lo Penal 
o de otros Tribunales previstos en esta Ley.
2. De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en materia penal por los Juzgados de 
Instrucción y de lo Penal de la provincia.
3. De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria 
en materia de ejecución de penas y del régimen de su cumplimiento.
2. Para el conocimiento de los recursos contra resoluciones de los Juzgados de Instrucción en juicio de faltas 
la Audiencia se constituirá con un sólo Magistrado, mediante el turno de reparto.
3. Las Audiencias Provinciales conocerán también de los recursos contra las resoluciones de los Juzgados de 
menores con sede en la provincia y de las cuestiones de competencia entre los mismos.
4. En el orden civil conocerán las Audiencias de los recursos que establezca la ley contra resoluciones 
dictadas en primera instancia por los Juzgados de Primera Instancia de la provincia.
5. Corresponde igualmente a las Audiencias Provinciales el conocimiento:
a) De las cuestiones de competencia, en materia civil y penal, que se susciten entre Juzgados de la provincia 
que no tengan otro superior común.
b) De las recusaciones de sus Magistrados cuando la competencia no esté atribuida a la Sala especial 
existente a estos efectos en los Tribunales Superiores de Justicia.

Art. 83

1. El juicio del Jurado se celebrará en el ámbito de la Audiencia Provincial u otros Tribunales y en la forma 
que establezca la ley.
2. La composición y competencia del Jurado es la regulada en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.

Art. 84

En cada partido habrá uno o más Juzgados de Primera Instancia e Instrucción con sede en la capital de aquél 
y jurisdicción en todo su ámbito territorial. Tomarán su designación del municipio de su sede.

Art. 85

Los Juzgados de Primera Instancia conocerán en el orden civil:
1. En primera instancia, de los juicios que no vengan atribuidos por esta Ley a otros Juzgados o Tribunales.
2. De los actos de jurisdicción voluntaria previstos en la ley.
3. De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de los Juzgados de Paz del partido.
4. De las cuestiones de competencia en materia civil entre los Juzgados de Paz del partido.

Art. 86

1. El Registro Civil estará a cargo de los Jueces de Primera Instancia y, por delegación de éstos, de los de 
Paz, de conformidad con lo que establezca la ley, sin perjuicio de lo que se disponga en ella para los demás 
Registros Civiles, en su caso.
2. La Ley de planta determinará las poblaciones en las que uno o varios Jueces desempeñarán con 
exclusividad funciones de Registro Civil, y en las ciudades en que hubiere más de un Juzgado de Primera 
Instancia, cuál o cuáles de entre ellos se encargarán del Registro Civil.

Art. 87

1. Los Juzgados de Instrucción conocerán, en el orden penal:
a) De la instrucción de las causas por delito cuyo enjuiciamiento corresponda a las Audiencias Provinciales y 
a los Juzgados de lo Penal.
b) Del conocimiento y fallo de los juicios de faltas, salvo los de competencia de los Juzgados de Paz.
c) De los procedimientos de "habeas corpus".
d) De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en juicios de faltas por los Juzgados 
de Paz del partido y de las cuestiones de competencia entre éstos.
2. Corresponde también a los Juzgados de Instrucción la autorización en resolución motivada para la entrada 
en los domicilios y en los restantes edificios o lugares de acceso dependiente del consentimiento de su titular, 
cuando ello proceda para la ejecución forzosa de los actos de la Administración.

Art. 88

En la villa de Madrid podrá haber uno o más Juzgados Centrales de Instrucción, con jurisdicción en toda 
España, que instruirán las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional o, en su caso, a los Juzgados Centrales de lo Penal y que tramitarán los expedientes de extradición 
pasiva, en los términos previstos en la ley.

Art. 89

La ley de planta y demarcación puede establecer, como órganos distintos, en aquellos partidos en que fuere 
conveniente, los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de Instrucción.

Art. 89bis

1. En cada provincia, y con sede en su capital, habrá uno o varios Juzgados de lo Penal. Podrán establecerse 
Juzgados de lo Penal cuya jurisdicción se extienda a uno o varios partidos de la misma provincia, conforme a 
lo que disponga la legislación sobre demarcación y planta judicial, que fijará la ciudad donde tendrá su sede. 
Los Juzgados de lo Penal tomarán su denominación de la población donde tengan su sede.
2. Los Juzgados de lo Penal enjuiciarán las causas por delito que la ley determine.
3. En la Villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá uno o varios Juzgados Centrales de lo 
Penal, que conocerán, en los casos en que así lo establezcan las leyes procesales, de las causas por los delitos 
a que se refiere el artículo 65 y los demás asuntos que señalen las leyes.

Art. 90

1. En cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o más Juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo.
2. Cuando el volumen de asuntos lo requiera, se podrán establecer uno o más Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo en las poblaciones que por ley se determine. Tomarán la denominación del municipio de su 
sede, y extenderán su jurisdicción al partido correspondiente.
3. También podrán crearse excepcionalmente Juzgados de lo Contencioso-Administrativo que extiendan su 
jurisdicción a más de una provincia dentro de la misma Comunidad Autónoma.

Art. 91

Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo conocerán, en primera o única instancia, de los recursos 
contencioso-administrativos no atribuidos a otros órganos de este orden jurisdiccional.

Art. 92

1. En cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o más Juzgados de lo 
Social. También podrán establecerse en poblaciones distintas de la capital de provincia cuando las 
necesidades del servicio o la proximidad a determinados núcleos de trabajo lo aconsejen, delimitándose, en 
tal caso, el ámbito de su jurisdicción.
2. Los Juzgados de lo Social podrán excepcionalmente extender su jurisdicción a dos o más provincias 
dentro de la misma Comunidad Autónoma.

Art. 93

Los Juzgados de lo Social conocerán, en primera o única instancia, de los procesos sobre materias propias de 
este orden jurisdiccional que no estén atribuidos a otros órganos del mismo.

Art. 94

1. En cada provincia, y dentro del orden jurisdiccional penal, habrá uno o varios Juzgados de Vigilancia 
penitenciaria, que tendrán las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria en materia 
de ejecución de penas privativas de libertad y medidas de seguridad, control jurisdiccional de la potestad 
disciplinaria de las autoridades penitenciarias, amparo de los derechos y beneficios de los internos en los 
establecimientos penitenciarios y demás que señale la ley.
2. Podrán establecerse Juzgados de Vigilancia penitenciaria que extiendan su jurisdicción a dos o más 
provincias de la misma Comunidad Autónoma.
3. También podrán crearse Juzgados de Vigilancia penitenciaria cuya jurisdicción no se extienda a toda la 
provincia.
4. El cargo de Juez de Vigilancia penitenciaria será compatible con el desempeño de un órgano del orden 
jurisdiccional penal.

Art. 95

1. El número de Juzgados de Vigilancia penitenciaria se determinará en la Ley de planta, atendiendo 
principalmente a los establecimientos penitenciarios existentes y a la clase de éstos.
2. El Gobierno establecerá la sede de estos Juzgados, previa audiencia de la Comunidad Autónoma afectada 
y del Consejo General del Poder Judicial.

Art. 96

En cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o más Juzgados de Menores. 
No obstante, cuando el volumen de trabajo lo aconseje, podrán establecerse Juzgados de Menores cuya 
jurisdicción se extienda o bien a un partido determinado o agrupación de partidos, o bien a dos o más 
provincias de la misma Comunidad Autónoma. Tomarán su nombre de la población donde radique su sede.

Art. 97

Corresponde a los Jueces de Menores el ejercicio de las funciones que establezcan las leyes para con los 
menores que hubieren incurrido en conductas tipificadas por la ley como delito o falta y aquellas otras que, 
en relación con los menores de edad, les atribuyan las leyes.

Art. 98

1. El Consejo General del Poder Judicial, podrá acordar, previo informe de las Salas de Gobierno, que en 
aquellas circunscripciones donde exista más de un Juzgado de la misma clase, uno o varios de ellos asuman 
con carácter exclusivo, el conocimiento de determinadas clases de asuntos, o de las ejecuciones propias del 
orden jurisdiccional de que se trate. (Redactado según LO 16/1994, de 8 de noviembre, BOE del 9 del mismo 
mes).
2. Este acuerdo se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" y producirá efectos desde el inicio del año 
siguiente a aquel en que se adopte.
3. Los Juzgados afectados continuarán conociendo de todos los procesos pendientes ante los mismos hasta su 
conclusión.

Art. 99

1. En cada municipio donde no exista Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, y con jurisdicción en el 
término correspondiente, habrá un Juzgado de Paz.
2. Podrá existir una sola Secretaría para varios Juzgados.

Art. 100

1. Los Juzgados de paz conocerán, en el orden civil, de la sustanciación en primera instancia, fallo y 
ejecución de los procesos que la ley determine. Cumplirán también funciones de Registro Civil y las demás 
que la ley les atribuya.
2. En el orden penal, conocerán en primera instancia de los procesos por faltas que les atribuya la ley. 
Podrán intervenir, igualmente, en actuaciones penales de prevención, o por delegación, y en aquellas otras 
que señalen las leyes.

Art. 101

1. Los Jueces de Paz y sus sustitutos serán nombrados para un período de cuatro años por la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente. El nombramiento recaerá en las personas 
elegidas por el respectivo Ayuntamiento.
2. Los Jueces de Paz y sus sustitutos serán elegidos por el Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de 
la mayoría absoluta de sus miembros, entre las personas que, reuniendo las condiciones legales, así lo 
soliciten. Si no hubiere solicitante, el Pleno elegirá libremente.
3. Aprobado el acuerdo correspondiente, será remitido al Juez de Primera Instancia e Instrucción, quien lo 
elevará a la Sala de Gobierno.
4. Si en el plazo de tres meses, a contar desde que se produjera la vacante en un Juzgado de Paz, el 
Ayuntamiento correspondiente no efectuase la propuesta prevenida en los apartados anteriores, la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia procederá a designar al Juez de Paz. Se actuará de igual modo 
cuando la persona propuesta por el Ayuntamiento no reuniera, a juicio de la misma Sala de Gobierno y oído 
el Ministerio Fiscal, las condiciones exigidas por esta Ley.
5. Los Jueces de Paz prestarán juramento ante el Juez de Primera Instancia e Instrucción y tomarán posesión 
ante quien se hallara ejerciendo la jurisdicción.

Art. 102

Podrán ser nombrados Jueces de Paz, tanto titular como sustituto, quienes, aun no siendo licenciados en 
Derecho, reúnan los requisitos establecidos en esta Ley para el ingreso en la Carrera Judicial, y no estén 
incursos en ninguna de las causas de incapacidad o de incompatibilidad previstas para el desempeño de las 
funciones judiciales, a excepción del ejercicio de actividades profesionales o mercantiles.

Art. 103

1. Los Jueces de Paz serán retribuidos por el sistema y en la cuantía que legalmente se establezca, y tendrán, 
dentro de su circunscripción, el tratamiento y precedencia que se reconozcan en la suya a los Jueces de 
Primera Instancia e Instrucción.
2. Los Jueces de Paz y los sustitutos, en su caso, cesarán por el transcurso de su mandato y por las mismas 
causas que los Jueces de carrera en cuanto les sean de aplicación.

Art. 104

1. El Poder Judicial se organiza y ejerce sus funciones con arreglo a los principios de unidad e 
independencia.
2. El gobierno del Poder Judicial corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que ejerce sus 
competencias en todo el territorio nacional, de acuerdo con la Constitución y lo previsto en la presente Ley. 
Con subordinación a él, las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia nacional y de los 
Tribunales Superiores de Justicia ejercerán las funciones que esta Ley les atribuye, sin perjuicio de las que 
correspondan a los Presidentes de dichos Tribunales y a los titulares de los restantes órganos 
jurisdiccionales.

Art. 105

El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial es la primera autoridad judicial 
de la Nación y ostenta la representación del Poder Judicial y del órgano de gobierno del mismo. Su categoría 
y honores serán los correspondientes al titular de uno de los tres poderes del Estado.

Art. 106

1. Las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional ejercen sus atribuciones en 
dichos Tribunales. La de la Audiencia Nacional las ejerce, además, sobre los Juzgados Centrales de 
Instrucción.
2. Las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia ejercen sus competencias en el propio 
Tribunal con respecto a los Juzgados y Tribunales radicados en la respectiva Comunidad Autónoma.
3. El resto de los órganos jurisdiccionales ejercen sus atribuciones gubernativas con respecto a su propio 
ámbito orgánico.

Art. 107

El Consejo General del Poder Judicial tendrá competencias en las siguientes materias:
1. Propuesta por mayoría de tres quintos para el nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo y del 
Consejo General del Poder Judicial.
2. Propuesta por mayoría de tres quintos para el nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional 
cuando así proceda.
3. Inspección de Juzgados y Tribunales.
4. Selección, formación y perfeccionamiento, provisión de destinos, ascensos, situaciones administrativas y 
régimen disciplinario de Jueces y Magistrados. (Redactado según LO 16/1994, de 8 de noviembre, BOE del 
9 del mismo mes).
5. Nombramiento mediante Orden de los Jueces y presentación a Real Decreto, refrendado por el Ministro de 
Justicia, de los nombramientos de Magistrados del Tribunal Supremo, Presidentes y Magistrados.
6. Nombramiento de Secretario general y miembros de los gabinetes o Servicios dependientes del mismo.
7. Ejercicio de las competencias relativas al centro de selección y formación de Jueces y Magistrados que la 
Ley le atribuye.
8. Elaborar, dirigir la ejecución y controlar el cumplimiento del presupuesto del Consejo. (Redactado según 
LO 16/1994, de 8 de noviembre, BOE del 9 del mismo mes).
9. Potestad reglamentaria en los términos previstos en el artículo 110 de esta Ley.
10. Publicación oficial de la colección de jurisprudencia del Tribunal Supremo.
11. Aquellas otras que le atribuyan las leyes.

Art. 108

1. El Consejo General del Poder Judicial deberá informar los anteproyectos de leyes y disposiciones 
generales del Estado y de las Comunidades Autónomas que afecten total o parcialmente a alguna de las 
siguientes materias:
a) Determinación y modificación de demarcaciones judiciales y de su capitalidad en los términos del artículo 
35 de esta Ley. (Redactado según LO 16/1994, de 8 de noviembre, BOE del 9 del mismo mes).
b) Fijación a modificación de la plantilla orgánica de Jueces, Magistrados. Secretarios y personal que preste 
servicios en la Administración de Justicia.
c) Estatuto orgánico de Jueces y Magistrados.
d) Estatuto orgánico de los Secretarios y del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia.
e) Normas procesales o que afecten a aspectos jurídico-constitucionales de la tutela ante los Tribunales 
ordinarios del ejercicio de derechos fundamentales y cualesquiera otras que afecten a la constitución, 
organización, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales. (Redactado según LO 16/1994, de 8 
de noviembre, BOE del 9 del mismo mes).
f) Leyes penales y normas sobre régimen penitenciario. (Redactado según LO 16/1994, de 8 de noviembre, 
BOE del 9 del mismo mes).
g) Aquellas otras que le atribuyan las leyes.
2. El Consejo General del Poder Judicial emitirá el informe en el plazo de treinta días. Cuando en la orden 
de remisión se hace constar la urgencia del informe, el plazo será de quince días.
3. El Gobierno remitirá dicho informe a las Cortes Generales en el caso de tratarse de anteproyectos de leyes.
4. El Consejo General será oído con carácter previo al nombramiento del Fiscal General del Estado.

Art. 109

1. El Consejo General del Poder Judicial elevará anualmente a las Cortes Generales una Memoria sobre el 
Estado, funcionamiento y actividades del propio Consejo y de los Juzgados y Tribunales de Justicia. 
Asimismo, incluirá las necesidades que, a su juicio, existan en materia de personal, instalaciones y de 
recursos en general, para el correcto desempeño de las funciones que la Constitución y las leyes asignan al 
Poder Judicial.
2. Las Cortes Generales, de acuerdo con los Reglamentos de las Cámaras, podrán debatir el contenido de 
dicha Memoria y reclamar, en su caso, la comparecencia del Presidente del Consejo General del Poder 
Judicial o del miembro del mismo en quien aquél delegue. El contenido de dicha Memoria, de acuerdo 
siempre con los Reglamentos de las Cámaras, podrá dar lugar a la presentación de mociones, preguntas de 
obligada contestación por parte del Consejo y, en general, a la adopción de cuantas medidas prevean 
aquellos Reglamentos.
3. Las Cortes Generales, cuando así lo dispongan los Reglamentos de las Cámaras, podrán solicitar informe 
al Consejo General del Poder Judicial sobre Proposiciones de Ley o enmiendas que versen sobre materias 
comprendidas en el apartado primero del artículo anterior. Esta misma regla será de aplicación, en el mismo 
supuesto, a las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas. (Redactado según LO 16/1994, de 8 
de noviembre, BOE del 9 del mismo mes).

Art. 110

1. El Consejo General del Poder Judicial podrá dictar Reglamentos sobre su personal, organización y 
funcionamiento en el marco de la legislación sobre la función pública.
2. El Consejo General del Poder Judicial, en el ámbito de su competencia y con subordinación a las leyes, 
podrá dictar Reglamentos de desarrollo de esta Ley para establecer regulaciones de carácter secundario y 
auxiliar. Estos Reglamentos podrán regular condiciones accesorias para el ejercicio de los derechos y deberes 
que conforman el estatuto judicial sin innovar aquéllos ni alterar éste en su conjunto. Podrán aprobarse en 
los casos en que sean necesarios para la ejecución o aplicación de esta Ley, en aquéllos en que así se prevea 
en esta u otra Ley y, especialmente, en las siguientes materias:
a) Sistema de ingreso, promoción y especialización en la Carrera Judicial, régimen de los funcionarios 
judiciales en prácticas y de los Jueces adjuntos y cursos teóricos y prácticos en el centro de selección y 
formación de Jueces y Magistrados, así como organización y funciones de dicho centro.
A este efecto, en el desarrollo reglamentario de la organización y funciones del centro, deberá determinarse 
la composición de su Consejo Rector, en el que necesariamente habrán de estar representados el Ministerio 
de Justicia, las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia y las asociaciones 
profesionales de Jueces y Magistrados.
b) Forma de distribución entre turnos y de provisión de plazas vacantes y desiertas de Jueces y Magistrados.
c) Tiempo mínimo de permanencia en el destino de los Jueces y Magistrados.
d) Procedimiento de los concursos reglados y forma de solicitud de provisión de plazas y de cargos de 
nombramiento discrecional.
e) Actividades de formación de los Jueces y Magistrados y forma de obtención de títulos de especialización.
f) Situaciones administrativas de Jueces y Magistrados.
g) Régimen de licencias y permisos de Jueces y Magistrados.
h) Valoración como mérito preferente del conocimiento de la lengua y derecho propios de las Comunidades 
Autónomas en la provisión de plazas judiciales en el territorio de la Comunidad respectiva.
i) Régimen de incompatibilidades y tramitación de expedientes sobre cuestiones que afecten al estatuto de 
Jueces y Magistrados.
j) Contenido del Escalafón judicial, en los términos previstos en esta Ley.
k) Régimen de sustituciones, de los Magistrados suplentes, de los Jueces sustitutos y de provisión temporal y 
de los Jueces de Paz.
l) Funcionamiento y facultades de las Salas de Gobierno, de las Juntas de Jueces y demás órganos 
gubernativos y elecciones, nombramiento y cese de miembros de las Salas de Gobierno y de Jueces Decanos.
m) Inspección de Juzgados y Tribunales y tramitación de quejas y denuncias.
n) Publicidad de las actuaciones judiciales, habilitación de días y horas, fijación de las horas de audiencia 
pública y constitución de los órganos judiciales fuera de su sede.
ñ) Especialización de órganos judiciales, reparto de asuntos y ponencias y normas generales sobre prestación 
y desarrollo del servicio de guardia, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Justicia e Interior en 
materia de personal, previstas en el artículo 455 de esta Ley.
o) Forma de cese y posesión en los órganos judiciales y confección de alardes.
p) Cooperación jurisdiccional.
q) Honores y tratamiento de Jueces y Magistrados y reglas sobre protocolo en actos judiciales.
3. Los proyectos de Reglamentos de desarrollo se someterán a informe de las asociaciones profesionales de 
Jueces y Magistrados y de las corporaciones profesionales o asociaciones de otra naturaleza que tengan 
reconocida legalmente representación de intereses a los que puedan afectar. Se dará intervención a la 
Administración del Estado, por medio del Ministerio de Justicia, y a las de las Comunidades Autónomas 
siempre que una y otras tengan competencias relacionadas con el contenido del Reglamento o sea necesario 
coordinar éstas con las del Consejo General. Se recabarán las consultas y los estudios previos que se 
consideren pertinentes y un dictamen de legalidad sobre el proyecto.
El Ministerio Fiscal será oído cuando le afecte la materia sobre la que verse el proyecto y especialmente en 
los supuestos contemplados en las letras n, ñ y q del apartado 2 de este artículo.
4. Los Reglamentos que deberán ser aprobados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial por 
mayoría de tres quintos de sus miembros autorizados por su Presidente, se publicarán en el "Boletín Oficial 
del Estado".
(Redactado según LO 16/1994, de 8 de noviembre, BOE del 9 del mismo mes).

Art. 111

El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo 
presidirá, y por veinte Vocales nombrados por el Rey por un periodo de cinco años.

Art. 112

1. Los Vocales del Consejo General del Poder Judicial serán propuestos por el Congreso de los Diputados y 
por el Senado.
2. Cada Cámara elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, cuatro Vocales entre Abogados y 
otros Juristas de reconocida competencia con más de quince años en el ejercicio de su profesión, procediendo 
para ello según lo previsto en su respectivo Reglamento.
3. Además cada una de las Cámaras propondrá, igualmente por mayoría de tres quintos de sus miembros, 
otros seis vocales elegidos entre Jueces a Magistrados de todas las categorías judiciales que se hallen en 
servicio activo.
4. En ningún caso podrán ser elegidos:
a) Quienes hubieran sido miembros del Consejo saliente.
b) Quienes presten servicios en los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial.

Art. 113

Los vocales elegidos según lo previsto en los artículos anteriores serán nombrados por el Rey mediante Real 
Decreto refrendado por el Ministro de Justicia.

Art. 114

La sesión constitutiva del Consejo General del Poder Judicial será presidida por el Vocal de mayor edad, y se 
celebrará una vez nombrados los veinte Vocales del mismo, que tomarán posesión de su cargo prestando 
juramento o promesa ante el Rey.

Art. 115

1. El Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada cinco años, computados desde la 
fecha de su constitución. A tal efecto, y con seis meses de antelación a la expiración del mandato del 
Consejo, su Presidente se dirigirá a los de las Cámaras, interesando que por éstas se proceda a la elección de 
los nuevos Vocales.
2. El Consejo saliente continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Consejo.

Art. 116

1. El cese anticipado de un Vocal del Consejo General del Poder Judicial dará lugar a su sustitución. A tal 
efecto, el Presidente del Consejo pondrá esta circunstancia en conocimiento de la Cámara que hubiera 
elegido al Vocal cesante, al objeto de que proceda a efectuar nueva propuesta por idéntica mayoría que la 
requerida en el artículo 112.
2. El que fuese propuesto para sustituir al Vocal cesante deberá reunir los requisitos que para la elección de 
éste hubiera requerido el artículo 112.

Art. 117

1. Los miembros del Consejo General del Poder Judicial desarrollarán su actividad con dedicación absoluta, 
siendo su cargo incompatible con cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por 
cuenta propia o ajena, retribuidos o no, a excepción de la mera administración del patrimonio personal o 
familiar. Les serán de aplicación, además, las incompatibilidades específicas de los Jueces y Magistrados 
enunciadas expresamente en el artículo 389, apartado 2., de la presente Ley Orgánica.
2. La situación administrativa para los que sean funcionarios públicos, tanto judiciales como no judiciales, 
será la de servicios especiales.

Art. 118

1. Los destinos cuyos titulares se encuentren en situación que lleve consigo el derecho de reserva de plaza 
por ocupar un cargo de duración determinada y dotado de inamovilidad se podrán cubrir, incluso con las 
promociones pertinentes, para el tiempo que permanezcan los titulares en la referida situación, a través de 
los mecanismos ordinarios de provisión.
2. Quienes ocupen los referidos destinos quedarán, cuando se reintegre a la plaza su titular, adscritos al 
Tribunal colegiado en que se hubiera producido la reserva o, si se tratase de un Juzgado, a disposición del 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia correspondiente y sin merma de las retribuciones que vinieren 
percibiendo. Mientras permanezcan en esta situación prestarán sus servicios en los puestos que determinen 
las respectivas Salas de Gobierno, devengando la indemnizaciones correspondientes por razón del servicio 
cuando éstos se prestaren en lugar distinto del de su residencia, que permanecerá en el de la plaza reseñada 
que hubiere ocupado.
3. Mientras desempeñen la plaza reservada, una vez transcurrido un año desde que accedieran a la misma, o 
en cualquier momento cuando se encuentren en situación de adscripción, podrán acceder en propiedad a 
cualesquiera destinos por los mecanismos ordinarios de provisión y promoción. Ocuparán definitivamente la 
plaza reservada que sirvieren cuando vaque por cualquier causa. Cuando queden en situación de adscritos, 
serán destinados a la primera vacante que se produzca en el Tribunal colegiado de que se trate o en los 
Juzgados del mismo orden jurisdiccional del lugar de la plaza reservada, a no ser que se trate de plazas de 
Presidente o legalmente reservadas a Magistrados procedentes de pruebas selectivas, si no reunieren esta 
condición.

Art. 119

1. La responsabilidad civil y penal de los miembros del Consejo General del Poder Judicial se exigirá por los 
trámites establecidos para la de los Magistrados del Tribunal Supremo.
2. Los Vocales del Consejo General del Poder Judicial no estarán ligados por mandato imperativo alguno, y 
no podrán ser removidos de sus cargos sino por agotamiento de su mandato, renuncia, incapacidad, 
incompatibilidades o incumplimiento grave de los deberes del cargo. La aceptación de la renuncia competerá 
al Presidente, y la apreciación de las restantes causas del cese deberá ser acordada por el Pleno del Consejo 
General por mayoría de tres quintos de sus miembros.
3. Los Vocales elegidos de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 112 cesarán cuando, por 
jubilación u otras razones, dejen de pertenecer a la Carrera Judicial. En tal caso, se procederá según lo 
dispuesto en el artículo 116.

Art. 120

Los Vocales del Consejo General no podrán ser promovidos durante la duración de su mandato a la categoría 
de Magistrado del Tribunal Supremo, ni nombrados para cualquier cargo de la Carrera Judicial de libre 
designación o en cuya provisión concurra apreciación de méritos.

Art. 121

1. Los miembros del Consejo General del Poder Judicial percibirán, por toda la duración de su mandato, la 
retribución que se fije como única y exclusiva en atención a la importancia de su función. Será igual para 
todos e incompatible con cualquier otra retribución.
2. Los Vocales que al tiempo de su elección no perteneciesen a Cuerpos del Estado o de las Administraciones 
Públicas o, aun perteneciendo, no se hallasen en situación de servicio activo y al cesar no se reintegrasen al 
mismo, siempre que hubieran desempeñado el cargo durante un mínimo de tres años, tendrán derecho a una 
remuneración de transición por un año, equivalente a la que percibieran en el momento del cese. Esta 
remuneración de transición estará sujeta al mismo régimen de concurrencia o incompatibilidad, en su caso, 
que se prevea para los haberes pasivos del Estado.
3. Cuando el Vocal del Consejo del Poder Judicial tenga derecho a la percepción de haberes pasivos, por 
pertenecer a cualquier Cuerpo o Escala de funcionarios públicos, o a pensión del sistema de Seguridad 
Social, se le computará, a los efectos de determinación del haber correspondiente, el tiempo de desempeño de 
aquellas funciones.

Art. 122

1. El Consejo General del Poder Judicial se articula en los siguientes órganos: Presidente, Vicepresidente, 
Pleno, Comisión Permanente, Comisión Disciplinaria, Comisión de Calificación.
2. Reglamentariamente se podrán establecer las Comisiones y Delegaciones que se estimen oportunas.

Art. 123

1. El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial será nombrado por el Rey a 
propuesta del Consejo General del Poder Judicial entre miembros de la Carrera Judicial o juristas de 
reconocida competencia, con más de quince años de antigedad en su carrera o en el ejercicio de su profesión. 
Podrá ser reelegido y nombrado por una sola vez, para un nuevo mandato.
2. La propuesta del Consejo General del Poder Judicial se adoptará por mayoría de tres quintos de sus 
miembros en la propia sesión constitutiva del mismo.
3. El nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial se llevará 
a cabo en Real Decreto refrendado por el Presidente del Gobierno.
4. El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial prestará juramento o 
promesa ante el rey y tomará posesión de su cargo ante los Plenos del Consejo General del Poder Judicial y 
de dicho Alto Tribunal en sesión conjunta.
5. El Presidente del Consejo General del Poder Judicial será sustituido por el Vicepresidente en los supuestos 
de vacante, ausencia, enfermedad u otro motivo legítimo.

Art. 124

1. El Vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial será propuesto por el Pleno de éste entre sus 
Vocales, por mayoría de tres quintos de sus componentes, y nombrado por el Rey.
2. El Vicepresidente sustituye al Presidente en los supuestos previstos en el apartado 5 del artículo anterior, y 
desempeña las demás funciones que le atribuyen las leyes.

Art. 125

El Presidente del Consejo General del Poder Judicial tendrá las siguientes funciones:
1. Ostentar la representación del Consejo General del Poder Judicial.
2. Convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente, decidiendo los empates con voto 
de calidad.
3. Fijar el orden del día de las sesiones del Pleno y de la comisión Permanente.
4. Someter cuantas propuestas considere oportunas en materias de la competencia del Pleno o de la 
Comisión Permanente.
5. Proponer el nombramiento de Ponencias para preparar la resolución o despacho de un asunto.
6. Autorizar con su firma los acuerdos del Pleno y de la comisión Permanente.
7. Ejercer la superior dirección de la actividad de los órganos técnicos del Consejo.
8. Las demás previstas en la ley.

Art. 126

1. El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial cesará:
a) Por haber expirado el término de su mandato, que se entenderá agotado en la misma fecha en que 
concluya el del Consejo General por el que hubiere sido propuesto.
b) Por renuncia.
c) A propuesta del Pleno del Consejo, por causa de notoria incapacidad, o incumplimiento grave de los 
deberes del cargo, apreciada por tres quintos de sus miembros.
2. Los casos a que se refieren las letras b) y c) de este artículo se comunicarán al Gobierno por mediación del 
Ministerio de Justicia. En tales casos se procederá al nuevo nombramiento de Presidente del Tribunal 
Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.

Art. 127

Será de la competencia del Pleno del Consejo General del Poder Judicial:
1. La propuesta de nombramiento por mayoría de tres quintos del Presidente del Tribunal Supremo y del 
Consejo General del Poder Judicial y del Vicepresidente de este último.
2. La propuesta de nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional, que habrá de ser adoptada por 
mayoría de tres quintos de sus miembros.
3. La propuesta de nombramiento de Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo y cualesquiera 
otros discrecionales.
4. La propuesta de nombramiento de Presidente de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades 
Autónomas.
5. Evacuar la audiencia prevista en el artículo 124.4 de la Constitución sobre nombramiento del Fiscal 
General del Estado.
6. Resolver los recursos de alzada interpuestos contra los acuerdos de la Comisión Permanente, de la 
Comisión Disciplinaria y de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia y de los órganos 
de gobierno de los Tribunales y Juzgados.
7. Resolver los expedientes de rehabilitación instruidos por la Comisión Disciplinaria.
8. Evacuar los informes previstos en la Ley y ejercer la potestad reglamentaria atribuida por la Ley al 
Consejo General del Poder Judicial. (Redactado según LO 16/1994, de 8 de noviembre, BOE del 9 del 
mismo mes).
9. Acordar, en los casos legalmente establecidos, la separación y jubilación de los Jueces y Magistrados en 
los supuestos no previstos en el artículo 131.3.
10. Elegir y nombrar los Vocales componentes de las Comisiones y Delegaciones.
11. Aprobar la memoria anual que con motivo de la apertura del año judicial leerá su Presidente sobre el 
estado de la administración de Justicia.
12. Elaborar el presupuesto del Consejo General del Poder Judicial que se integrará en los Generales del 
Estado, en una sección independiente. (Redactado según LO 16/1994, de 8 de noviembre, BOE del 9 del 
mismo mes).
13. Dirigir la ejecución del presupuesto del Consejo y controlar su cumplimiento. (Redactado según LO 
16/1994, de 8 de noviembre, BOE del 9 del mismo mes).
14. Cualesquiera otras funciones que correspondan al Consejo General del Poder Judicial y no se hallen 
expresamente atribuidas a otros órganos del mismo.

Art. 128

El Pleno se reunirá, previa convocatoria del Presidente, o en su caso, del Vicepresidente, en sesiones 
ordinarias y extraordinarias con arreglo a lo que se determine en el Reglamento de Organización aprobado 
por el propio Consejo. En todo caso, deberá celebrarse sesión extraordinaria cuando lo soliciten cinco de sus 
miembros, incluyendo en el orden del día los asuntos que éstos hayan propuesto.

Art. 129

El Pleno quedará válidamente constituido cuando se hallaren presentes un mínimo de catorce de sus 
miembros, con asistencia del Presidente o de quien legalmente le sustituya.

Art. 130

1. Anualmente el Pleno del Consejo General del Poder Judicial procederá a designar la Comisión 
Permanente, que estará compuesta por el Presidente del Consejo, que la presidirá, y cuatro Vocales elegidos 
por mayoría de tres quintos, por acuerdo del Pleno del Consejo General: dos pertenecientes a la Carrera 
Judicial y otros dos que no formen parte de la misma.
2. Las reuniones de la Comisión Permanente sólo serán válidas con asistencia de tres, al menos, de sus 
componentes, entre los que deberá encontrarse el Presidente o quien legalmente le sustituya.
3. El Presidente podrá delegar en el Vicepresidente, o en quien legalmente le sustituya, la presidencia de la 
Comisión permanente para la resolución de los asuntos de su competencia.

Art. 131

Compete a la Comisión Permanente:
1. Preparar las sesiones del Pleno.
2. Velar por la exacta ejecución de los acuerdos del Pleno del Consejo.
3. Decidir aquellos nombramientos de Jueces y Magistrados que, por tener carácter íntegramente reglado, no 
sean de la competencia del Pleno, acordar la jubilación forzosa por edad de los mismos, resolver sobre su 
situación administrativa y disponer el cese de los Magistrados suplentes y de los Jueces sustitutos por el 
transcurso del plazo para el que fueron nombrados o por alcanzar la edad de setenta y dos años. (Redactado 
según LO 16/1994, de 8 de noviembre, BOE del 9 del mismo mes).
4. Resolver sobre la concesión de licencias a los Jueces y Magistrados, en los casos previstos por la ley.
5. Autorizar el escalafón de la Carrera Judicial.
6. Ejercer cuantas competencias le sean delegadas por el pleno o atribuidas por la ley.

Art. 132

1. El Pleno del Consejo General elegirá anualmente, por mayoría de tres quintos de entre sus Vocales, a los 
componentes de la Comisión Disciplinaria, que estará integrada por cinco miembros. Tres de ellos, elegidos 
entre los Vocales que pertenezcan a la Carrera Judicial, y los dos restantes, ajenos a ésta.
2. La Comisión Disciplinaria deberá actuar, en todo caso, con la asistencia de todos sus componentes y bajo 
la presidencia del miembro de la misma que sea elegido por mayoría. En caso de transitoria imposibilidad o 
ausencia justificada de alguno de los miembros, se procederá a su sustitución por otro vocal del Consejo de 
idéntica procedencia, que será designado por la Comisión Permanente.

Art. 133

A la Comisión Disciplinaria corresponde la competencia para la instrucción de expedientes, e imposición de 
sanciones a Jueces y Magistrados.

Art. 134

1. Anualmente, el Pleno del Consejo General procederá a designar los componentes de la Comisión de 
Calificación, que estará integrada por cinco miembros, elegidos en la misma forma establecida para la 
Comisión Disciplinaria.
2. Será presidida y quedará válidamente constituida en los mismos términos previstos para la referida 
Comisión.

Art. 135

Corresponderá a la Comisión de Calificación informar, en todo caso, sobre los nombramientos de la 
competencia del Pleno.

Art. 136

Para la adecuada formación de los criterios de calificación de los Jueces y Magistrados, la Comisión podrá 
recabar información de los distintos órganos del Poder Judicial y, en todo caso, recibirá un informe anual 
elaborado por las correspondientes Salas de Gobierno de los órganos jurisdiccionales a que aquéllos 
estuviesen adscritos, que deberá fundarse en criterios objetivos y suficientemente valorados y detallados.

Art. 137

1. Los acuerdos de los órganos colegiados del Consejo serán adoptados por mayoría de los miembros 
presentes, salvo cuando la ley disponga otra cosa. Quien presida tendrá voto de calidad en caso de empate.
2. Las deliberaciones de los órganos del Consejo tendrán carácter reservado, debiendo sus componentes 
guardar secreto de las mismas.
3. El Vocal que disintiere de la mayoría podrá pedir que conste su voto en el acta. Si lo desea, podrá 
formular voto particular, escrito y fundado, que se insertará en el acta, siempre que lo presente dentro del día 
siguiente a aquel en que se tomó el acuerdo.
4. Cuando el Pleno haga uso de sus facultades de informe, se incorporarán al texto del acuerdo adoptado los 
votos particulares razonados, que se unirán a la documentación que se remita al órgano destinatario.
5. Los acuerdos de los órganos del Consejo siempre serán motivados. (Redactado según LO 16/1994, de 8 de 
noviembre, BOE del 9 del mismo mes).

Art. 138

Los acuerdos de los órganos del Consejo General serán documentados por el Secretario general y suscritos 
por quien haya presidido.

Art. 139

1. Adoptarán la forma de Real Decreto, firmado por el Rey y que deberá refrendar el Ministro de Justicia, los 
acuerdos del Consejo General sobre el nombramiento de Presidentes y Magistrados. Los nombramientos de 
Jueces se efectuarán por el Consejo mediante Orden. Todos ellos se publicarán en el "Boletín Oficial del 
Estado".
2. Los Reglamentos aprobados por el Consejo General del Poder Judicial se publicarán en la forma prevista 
en el artículo 110.4 de la Ley. (Redactado según LO 16/1994, de 8 de noviembre, BOE del 9 del mismo 
mes).
3. Los restantes acuerdos, debidamente documentados e incorporados los votos particulares, si los hubiere, 
serán comunicados a las personas y órganos que deban cumplirlos o conocerlos. Estos acuerdos se publicarán 
en los casos y con las modalidades establecidas por las normas generales que les sean aplicables.

Art. 140

1. Los actos de los distintos órganos del Consejo General del Poder Judicial serán inmediatamente 
ejecutivos, sin perjuicio del régimen de impugnación previsto en esta Ley.
2. No obstante, cuando se interponga recurso contra los mismos, la Autoridad competente para resolverlo 
podrá acordar, de oficio o a instancia de parte, la suspensión de la ejecución, cuando la misma pudiera 
causar perjuicios de imposible o difícil reparación, o cuando esté así establecido por la ley.

Art. 141

Corresponderá al Consejo General la ejecución de sus propios actos, que llevarán a cabo los órganos técnicos 
a su servicio con la colaboración, si fuere necesaria, de la Administración del Estado y de las Comunidades 
Autónomas.

Art. 142

1. En todo cuanto no se hallare previsto en esta Ley, se observarán, en materia de procedimiento, recursos y 
forma de los actos del Consejo General, en cuanto sean aplicables, las disposiciones de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, sin que, en ningún caso, sea necesaria la intervención del Consejo de Estado.
2. Tratándose de actos declarativos de derechos, la revisión de oficio y, en su caso, la previa deliberación de 
lesividad, se adoptarán por el Pleno del Consejo por mayoría absoluta de sus miembros.

Art. 143

1. Los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan 
indefensión y las resoluciones definitivas de la Comisión Permanente y de la Comisión Disciplinaria, serán 
impugnables en alzada ante el Pleno del Consejo General.
2. Los actos, resoluciones y disposiciones emanados del pleno serán recurribles en vía contencioso-
administrativa ante la Sala correspondiente del Tribunal Supremo.

Art. 144

El Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial determinará la 
estructura, funciones y competencias de sus órganos técnicos.

Art. 145

1. En los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial únicamente prestarán servicio miembros 
de las Carreras Judicial o Fiscal y de los Cuerpos de Secretarios Judiciales, Abogados del Estado, demás 
funcionarios de las Administraciones Públicas, Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de 
Justicia, en el número que fijen las correspondientes plantillas orgánicas.
2. Los miembros de los órganos técnicos de nivel superior para cuya designación se haya exigido el título de 
licenciado en Derecho, actuarán con la denominación de Letrados al servicio del Consejo General del Poder 
Judicial.
(Redactado según LO 16/1994, de 8 de noviembre, BOE del 9 del mismo mes).

Art. 146

1. Los Jueces y Magistrados, Secretarios y miembros de la Carrera Fiscal, del Cuerpo de Abogados del 
Estado y funcionarios de las Administraciones Públicas que hayan de prestar servicio en el Consejo General 
del Poder Judicial serán designados, previo concurso de méritos, por el Pleno del mismo por el plazo de dos 
años, prorrogable por períodos anuales. (Redactado según LO 16/1994, de 8 de noviembre, BOE del 9 del 
mismo mes).
2. La provisión de las plazas de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia que 
integren la plantilla orgánica del Consejo General del Poder Judicial se efectuará mediante concurso que se 
resolverá otorgando la preferencia para las plazas anunciadas a los participantes de los respectivos Cuerpos 
que tengan mejor puesto en el correspondiente escalafón.
3. Los miembros de las Carreras y Cuerpos mencionados en los apartados anteriores designados por 
concurso de méritos que pasen a prestar servicio en los órganos técnicos del Consejo General del Poder 
Judicial serán declarados en situación de servicios especiales en su carrera de origen y estarán sometidos al 
Reglamento de Personal del Consejo. Los designados en virtud de su situación escalafonal permanecerán en 
situación de servicio activo. (Redactado según LO 16/1994, de 8 de noviembre, BOE del 9 del mismo mes).

Art. 147

El Secretario General, que será nombrado y removido libremente por el Pleno del Consejo, asistirá a las 
sesiones de sus órganos, con voz y sin voto, y ejercerá las funciones de gestión, tramitación y documentación 
de los actos del Consejo, así como las de dirección y coordinación de los restantes órganos técnicos.

Art. 148

El Servicio de Inspección llevará a cabo, bajo la dependencia del Consejo General, funciones de 
comprobación y control de funcionamiento de los servicios de la Administración de Justicia, mediante la 
realización de las actuaciones y visitas que sean acordadas por el Consejo General, todo ello sin perjuicio de 
la competencia de los órganos de gobierno de los Tribunales.

Art. 149

1. Las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional estarán constituidas por el 
Presidente de dichos órganos, que las presidirán, por los Presidentes de las Salas en ellos existentes y por un 
número de Magistrados igual al de éstos.
2. Las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia estarán constituidas por el Presidente de 
éstos, que las presidirá, por los Presidentes de las Salas en ellos existentes, por los Presidentes de las 
Audiencias Provinciales de la Comunidad Autónoma, y por un número igual de Magistrados o Jueces, 
elegidos por todos los miembros de la Carrera Judicial destinados en ella. Uno, al menos, de los 
componentes de la Sala será de la categoría de Juez, salvo que no hubiera candidatos de dicha categoría.
Además de éstos se integrarán también, con la consideración de miembros electos a todos los efectos, los 
Decanos que de conformidad con lo establecido en el artículo 166.3 de esta Ley, hayan sido liberados 
totalmente del trabajo que les corresponda realizar en el orden jurisdiccional respectivo. (Redactado según 
LO 16/1994, de 8 de noviembre, BOE del 9 del mismo mes).
3. Las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, cuando el número de miembros exceda de 
diez, se constituirán en Pleno o en Comisión.
La Comisión estará integrada por seis miembros, tres natos y tres electos, correspondiendo al Pleno la 
designación de sus componentes, y de producirse vacantes, la de sus sustitutos. La Comisión se renovará 
anualmente en la misma proporción y la presidirá el Presidente del Tribunal Superior de Justicia. (Redactado 
según LO 16/1994, de 8 de noviembre, BOE del 9 del mismo mes).

Art. 150

Los miembros electivos de las Salas de Gobierno renovarán en su totalidad cada cinco años, computados 
desde la fecha de constitución de aquélla. Transcurrido dicho plazo, la Sala de Gobierno continuará en el 
ejercicio de sus funciones hasta la fecha de constitución de la nueva.

Art. 151

1. La elección de miembros de las Salas de Gobierno se llevará a cabo conforme a las siguientes reglas:
1. La elección se llevará a cabo mediante voto personal, libre, igual, directo y secreto, admitiéndose el voto 
por correo, deberá convocarse con dos meses de antelación a la terminación del mandato de los anteriores 
miembros electivos.
2. Las candidaturas podrán incluir uno o varios candidatos, junto con su correspondiente sustituto, hasta un 
número igual al de puestos a cubrir, y bastará para que puedan ser presentadas que conste el consentimiento 
de quienes las integren, aunque también podrán ser avaladas por un grupo de electores o por una asociación 
profesional legalmente constituida, las candidaturas serán abiertas, y los electores podrán votar a tantos 
candidatos y a otros tantos suplentes como plazas a cubrir.
3. Resultarán elegidos los candidatos que hubieren obtenido mayor número de votos. Si por aplicación 
estricta de esta regla no resultare elegido para la Sala de Gobierno de un Tribunal Superior de Justicia 
ningún Juez, el Magistrado que hubiere resultado elegido con menor número de votos cederá su puesto en la 
misma al Juez que hubiere obtenido mayor número de votos entre los que fueren candidatos, salvo que no se 
hubieran presentado a elección candidatos de dicha categoría.
2. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, existirá en cada Tribunal una Junta Electoral, presidida por 
su Presidente e integrada, además, por el Magistrado más antiguo y el más moderno del Tribunal Supremo, 
de la Audiencia Nacional o del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.
3. Corresponde al Consejo General del Poder Judicial convocar las elecciones y dictar las instrucciones 
necesarias para su organización y, en general, para la correcta realización del proceso electoral.
4. A cada Junta Electoral corresponde proclamar las candidaturas, actuar como mesa electoral en el acto de 
la elección, proceder al escrutinio y proclamar los resultados, que se comunicarán al Consejo, y, en general, 
la dirección y ordenación de todo el proceso electoral. Contra los acuerdos de la junta Electoral podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo electoral.
5. En los supuestos de cese anticipado, por cualquier causa, de alguno de los miembros elegidos de la Sala de 
Gobierno, su puesto será cubierto por el correspondiente sustituto.
6. Si se tratase de un miembro electo y el sustituto también cesare, el puesto será cubierto por el candidato no 
elegido que hubiera obtenido mayor número de votos. Si no resultaren candidatos electos, se convocarán 
elecciones parciales para cubrir el puesto o puestos vacantes.

Art. 152

1. 1. Las Salas de Gobierno, también las constituidas en régimen de comisión, desempeñarán la función de 
gobierno de sus respectivos Tribunales, y en particular les compete:
1. Aprobar las normas de reparto de asuntos entre las distintas Secciones de cada Sala.
2. Establecer anualmente con criterios objetivos los turnos precisos para la composición y el funcionamiento 
de las Salas y Secciones del Tribunal y fijar de modo vinculante las normas de asignación de las Ponencias 
que deben turnar los Magistrados.
3. Adoptar, con respecto a la inamovilidad judicial, las medidas necesarias en los casos de disidencia entre 
Magistrados que puedan influir en el buen orden de los Tribunales o en la administración de Justicia.
4. Completar provisionalmente la composición de las Salas en los casos en que, por circunstancias 
sobrevenidas, fuera necesario para el funcionamiento del servicio, siempre sin perjuicio de respetar el destino 
específico de los Magistrados de cada Sala.
5. Proponer motivadamente al Consejo General del Poder Judicial a los Magistrados suplentes expresando 
las circunstancias personales y profesionales que en ellos concurran, su idoneidad para el ejercicio del cargo 
y para su actuación en uno o varios órdenes jurisdiccionales, las garantías de un desempeño eficaz de la 
función y la aptitud demostrada por quienes ya hubieran actuado en el ejercicio de funciones judiciales o de 
sustitución en la Carrera Fiscal, con razonada exposición del orden de preferencia propuesto y de las 
exclusiones de solicitantes. Las propuestas de adscripción de Magistrados suplentes como medida de 
refuerzo estarán sujetas a idénticos requisitos de motivación de los nombres y del orden de preferencia 
propuestos y de las exclusiones de solicitantes.
6. Ejercer las facultades disciplinarias sobre Magistrados en los términos establecidos en esta Ley.
7. Proponer al Presidente la realización de las visitas de inspección e información que considere procedentes.
8. Promover los expedientes de jubilación por causa de incapacidad de los Magistrados, e informarlos.
9. Elaborar los informes que le solicite el Consejo General del Poder Judicial y la Memoria anual expositiva 
sobre el funcionamiento del Tribunal, con expresión detallada del número y clase de asuntos iniciados y 
terminados por cada Sala, así como de los que se hallaren pendientes, precisando el año de su iniciación, 
todo ello referido al 31 de diciembre. La Memoria deberá contener, en todo caso, la indicación de las 
medidas que se consideren necesarias para la corrección de las deficiencias advertidas.
10. Proponer al Consejo General del Poder Judicial la adopción de las medidas que juzgue pertinentes para 
mejorar la administración de Justicia en cuanto a los respectivos órganos jurisdiccionales.
11. Recibir el juramento o promesa legalmente prevenidos de los Magistrados que integran los respectivos 
Tribunales y darles posesión.
12. Impulsar y colaborar en la gestión económica en el Tribunal y, en general, cumplir las demás funciones 
que las leyes atribuyan a los órganos de gobierno interno de los Tribunales y que no estén atribuidas 
expresamente a los Presidentes.
2. A las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, en Pleno o en Comisión, compete 
además:
1. Aprobar las normas de reparto de asuntos entre las Secciones de las Audiencias Provinciales y Juzgados 
del mismo orden jurisdiccional con sede en la Comunidad Autónoma correspondiente.
Excepcionalmente, de forma motivada, y cuando las necesidades del servicio así lo exigieren, la Sala de 
Gobierno podrá ordenar que se libere del reparto de asuntos, total o parcialmente, por tiempo limitado, a una 
Sección o a un Juez determinado.
2. Ejercer las facultades de los números quinto al duodécimo del apartado anterior, pero referidas también a 
los órganos jurisdiccionales con sede en la Comunidad Autónoma correspondiente y a los Jueces y 
Magistrados en ellos destinados.
3. Expedir los nombramientos de los Jueces de Paz.
4. Seleccionar y nombrar a los Jueces de provisión temporal.
(Redactado según LO 16/1994, de 8 de noviembre, BOE del 9 del mismo mes).

Art. 153

1. Las Salas de Gobierno se reunirán, al menos, dos veces por mes, a no ser que no hubiere asuntos 
pendientes, y cuantas veces, además, tengan que tratar de asuntos urgentes de interés para la administración 
de Justicia, o cuando lo solicite la tercera parte de sus miembros, mediante propuesta razonada y con 
expresión de lo que deba ser objeto de deliberación y decisión. La convocatoria se hará por el Presidente, con 
expresión de los asuntos a tratar.
2. Las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, constituidas en Comisión, se reunirán 
semanalmente. La Comisión trimestralmente, pondrá en conocimiento del Pleno, previamente convocado, 
todos aquellos asuntos que han sido tratados y resueltos. Podrá reunirse, asimismo, el Pleno cuando, a juicio 
del Presidente o de la Comisión, la trascendencia, importancia o interés para la Administración de Justicia 
de los asuntos a tratar así lo aconsejen, o cuando lo solicite la mayoría de sus miembros mediante propuesta 
razonada y con expresión de lo que debe ser objeto de deliberación y decisión. La convocatoria del Pleno o de 
la Comisión se hará por el Presidente, con expresión de los asuntos a tratar. (Redactado según LO 16/1994, 
de 8 de noviembre, BOE del 9 del mismo mes).
3. La Sala podrá constituirse por el Presidente y dos miembros para las actuaciones no decisorias de carácter 
formal, tales como la recepción de juramento o promesa o la toma de posesión de Jueces y Magistrados u 
otras de carácter análogo.
4. En los demás casos, para su válida constitución, se requerirá la presencia, al menos, de la mayoría de sus 
miembros, que deberán ser citados personalmente con veinticuatro horas de anticipación como mínimo.

Art. 154

No podrán estar presentes en las discusiones y votaciones los que tuvieren interés directo o indirecto en el 
asunto de que se trate, siendo de aplicación en este caso lo dispuesto en la ley para la abstención y 
recusación.

Art. 155

El Presidente designará un ponente para cada asunto a tratar, que informará a la Sala y presentará, en su 
caso, la propuesta de acuerdo o resolución, salvo que, por razones de urgencia, no sea posible, o por la escasa 
importancia del asunto, a juicio del Presidente, no lo requiera.

Art. 156

El Presidente, por propia iniciativa, a petición del ponente o por acuerdo de la Sala, pasará a dictamen del 
Ministerio Fiscal aquellos asuntos en los que deba intervenir o en los que la índole de los mismos lo haga 
conveniente. El Ponente, a la vista del dictamen del Fiscal, del que dará cuenta a la Sala, formulará la 
correspondiente propuesta.

Art. 157

1. Concluida la discusión de cada asunto, se procederá a la votación, que comenzará por el Juez o 
Magistrado más moderno y seguirá por orden de menor antigedad, hasta el que presidiere. La votación será 
secreta si lo solicitase cualquiera de los miembros.
2. El Juez o Magistrado que disintiere de la mayoría podrá pedir que conste su voto en el acta. Si lo desea, 
podrá formular voto particular, escrito y fundado, que se insertará en el acta, si la Sala lo estimare 
procedente por razón de su naturaleza o de las circunstancias concurrentes, siempre que lo presente dentro 
del plazo que fije la Sala, que no será superior a tres días.
3. El Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate.

Art. 158

1. El Secretario de Gobierno dará cuenta de los asuntos que se lleven a la Sala; estará presente en su 
discusión y votación; redactará las actas, en que se hará mención de todos los acuerdos, refiriéndolos a los 
expedientes en que se insertare; anotará al margen los apellidos de los que estén presentes en la sesión; 
custodiará el libro de actas, y dará, en su caso, las certificaciones correspondientes.
2. Los actos de las Salas de Gobierno gozarán de ejecutoriedad, serán recurribles en alzada ante el Consejo 
General del Poder Judicial y les serán de aplicación supletoria las normas de la Ley de Procedimiento 
Administrativo.

Art. 159

1. Los acuerdos de las Salas de Gobierno se llevarán a un libro de actas, que estará a cargo del Secretario de 
Gobierno y que no tendrá otra publicidad que la que se efectúe a instancia del que tenga un interés directo, 
legítimo y personal.
2. No obstante, a los acuerdos sobre normas de reparto entre Secciones y entre Juzgados de un orden 
jurisdiccional se les dará publicidad suficiente.

Art. 160

Los Presidentes tendrán las siguientes funciones:
1. Convocar, presidir y dirigir las deliberaciones de la Sala de Gobierno.
2. Fijar el orden del día de las sesiones de la Sala de Gobierno, en el que deberán incluirse los asuntos que 
propongan al menos dos de sus componentes.
3. Someter cuantas propuestas considere oportunas en materia de competencia de la Sala de Gobierno.
4. Autorizar con su firma los acuerdos de la Sala de Gobierno y velar por su cumplimiento.
5. Cuidar del cumplimiento de las medidas adoptadas por la Sala de Gobierno para corregir los defectos que 
existieren en la administración de Justicia, si estuvieren dentro de sus atribuciones, y, en otro caso, proponer 
al Consejo, de acuerdo con la Sala, lo que considere conveniente.
6. Despachar los informes que le pida el Consejo General del Poder Judicial.
7. Adoptar las medidas necesarias, cuando surjan situaciones que por su urgencia lo requieran, dando cuenta 
en la primera reunión de la Sala de Gobierno.
8. Dirigir la inspección de los Juzgados y Tribunales en los términos establecidos en esta Ley.
9. Determinar el reparto de asuntos entre las Secciones del Tribunal, de acuerdo con las normas aprobadas 
por la Sala de Gobierno.
10. Presidir diariamente la reunión de los Presidentes de salas y Magistrados y cuidar de la composición de 
las Salas y secciones conforme al artículo 198 de esta Ley.
11. Ejercer todos los poderes dirigidos al buen orden del Tribunal o Audiencia respectivo, así como al 
cumplimiento de sus deberes por el personal de los mismos.
12. Comunicar al Consejo General las vacantes judiciales y las plazas vacantes de personal auxiliar del 
respectivo Tribunal o Audiencia.
13. Oír las quejas que les hagan los interesados en causas o pleitos, adoptando las prevenciones necesarias.
14. Las demás previstas en la ley.

Art. 161

1. El presidente del Tribunal Superior de Justicia ostenta la representación del Poder Judicial en la 
Comunidad Autónoma correspondiente, siempre que no concurra el Presidente del Tribunal Supremo.
2. El Presidente de Sala a que se refiere el artículo 78 de esta Ley representa al Poder Judicial en las 
provincias a que se extiende la jurisdicción de aquélla, salvo cuando concurra el del Tribunal Superior de 
Justicia o el del Tribunal Supremo. En el caso de que existan, conforme a dicho artículo, Salas de los 
Contencioso-administrativo y de lo Social, tal representación corresponde al Presidente de Sala que designe 
el Consejo General del Poder Judicial.
3. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia podrá delegar en el de Sala a que se refiere el artículo 
anterior las sanciones gubernativas que tenga por conveniente, referidas a la Sala o Salas correspondientes y 
a los órganos jurisdiccionales con sede en las provincias a los que aquélla o aquéllas extiendan su 
jurisdicción.

Art. 162

Podrán los Presidentes del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y 
de las Audiencias y, en su caso, las Salas de Gobierno, por conducto de aquéllos, dirigir a los Juzgados y 
Tribunales a ellos inferiores, que estén comprendidos en su respectiva circunscripción, dentro del ámbito de 
sus competencias gubernativas, las prevenciones que estimen oportunas para el mejor funcionamiento de los 
Juzgados y Tribunales, dando cuenta sin dilación al Tribunal Supremo, en su caso, y directamente al 
Consejo General del Poder Judicial.

Art. 163

En el Tribunal Supremo, y bajo la dependencia directa de su Presidente funcionará un Gabinete Técnico de 
Documentación e Información. La ley determinará su composición y plantilla.

Art. 164

Los Presidentes de las Audiencias Provinciales presiden las mismas, adoptan las medidas precisas para su 
funcionamiento y ejercen los poderes de gobierno sobre el personal y demás funciones que le atribuye la ley, 
sin perjuicio, en todo caso, de las facultades de los órganos de gobierno del Tribunal Superior de Justicia.

Art. 165

Los Presidentes de las Salas de Justicia y los Jueces tendrán en sus respectivos órganos jurisdiccionales la 
dirección e inspección de todos los servicios y asuntos, adoptarán las resoluciones que la buena marcha de la 
Administración de Justicia aconseje, darán cuenta a los Presidentes de los respectivos Tribunales y 
Audiencias de las anomalías o faltas que observen y ejercerán las funciones disciplinarias que les atribuye la 
ley sobre el personal adscrito al servicio de la Sala o Juzgado correspondiente y las que les reconozcan las 
leyes procesales sobre el resto de profesionales que se relacionen con el Tribunal.

Art. 166

1. En las poblaciones donde haya diez o más Juzgados, sus titulares elegirán por mayoría de tres quintos a 
uno de ellos como Decano. De no obtenerse dicha mayoría en la primera votación, bastará la mayoría simple 
en la segunda, resolviéndose los empates en favor del que ocupe el mejor puesto en el escalafón. La elección 
deberá renovarse cada cuatro años o cuando el elegido cesare por cualquier causa.
2. Donde haya menos de diez Juzgados, ejercerá las funciones de Decano el Juez o Magistrado con mejor 
puesto en el escalafón.
3. Excepcionalmente, y cuando las circunstancias del Decanato lo justifiquen, el Consejo General del Poder 
Judicial, oída la Junta de Jueces, podrá liberar a su titular total o parcialmente del trabajo que le corresponda 
realizar en el orden jurisdiccional respectivo.

Art. 167

1. Donde hubiere dos o más Juzgados del mismo orden jurisdiccional, los asuntos se distribuirán entre ellos 
conforme a normas de reparto prefijadas. Las normas de reparto se aprobarán por la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia, a propuesta de la Junta de Jueces del respectivo orden jurisdiccional. A 
solicitud del interesado, la Junta de Jueces podrá proponer que se libere, total o parcialmente, a un Juez del 
reparto de asuntos, por tiempo limitado, cuando la buena administración de Justicia lo haga necesario. El 
acuerdo se trasladará a la Sala de Gobierno para que ésta, si lo entiende pertinente, proceda a su aprobación.
2. El reparto se realizará bajo la supervisión del Juez decano, asistido por un Secretario, y le corresponderá a 
aquél resolver con carácter gubernativo interno las cuestiones que se planteen y corregir las irregularidades 
que puedan producirse, adoptando las medidas necesarias y promoviendo, en su caso, la exigencia de las 
responsabilidades que procedan.

Art. 168

Los Decanos velarán por la buena utilización de los locales judiciales y de los medios materiales; cuidarán de 
que el servicio de guardia se preste continuadamente; adoptarán las medidas urgentes en los asuntos no 
repartidos cuando, de no hacerlo, pudiera quebrantarse algún derecho o producirse algún perjuicio grave e 
irreparable; oirán las quejas que les hagan los interesados en causas o pleitos, adoptando las prevenciones 
necesarias, y ejercerán las restantes funciones que les atribuya la ley.

Art. 169

El Decano ostentará ante los poderes públicos la representación de todos y presidirá la Junta de Jueces para 
tratar asuntos de interés común que afecten a los titulares de todos o de alguno de los órganos 
jurisdiccionales. Esta Junta habrá de convocarse por el Decano siempre que lo solicitare la cuarta parte de 
los Jueces de la población.

Art. 170

1. Los Jueces de cada orden jurisdiccional podrán reunirse en Junta, bajo la Presidencia del Decano, para 
proponer las normas de reparto entre los mismos, unificar criterios y prácticas, y para tratar asuntos comunes 
o sobre los que estimaren conveniente elevar exposición a la Sala de Gobierno correspondiente o al Consejo 
General del Poder Judicial por conducto del Presidente del Tribunal Superior de Justicia o aquél les solicitare 
informe.
2. El Decano convocará la Junta cuando lo estime necesario o cuando lo solicite, al menos, la cuarta parte de 
los miembros de derecho de la misma.
3. También podrán reunirse los Jueces de una misma provincia o Comunidad Autónoma, presididos por el 
más antiguo en el destino, para tratar aquellos problemas que les sean comunes.
4. La Junta se considerará válidamente constituida para tomar acuerdos cuando asistan la mitad más uno de 
sus miembros, adoptándose los acuerdos por mayoría simple.
5. La Junta elegirá como Secretario a uno de sus miembros, que será el encargado de redactar las actas de los 
acuerdos de las Juntas, así como de conservarlas y de expedir las certificaciones de las mismas.

Art. 171

1. El Consejo General del Poder Judicial ejerce la superior inspección y vigilancia sobre todos los Juzgados y 
Tribunales para la comprobación y control del funcionamiento de la Administración de Justicia.
2. El Presidente del Consejo y los Vocales del mismo, por acuerdo del Pleno, podrán realizar visitas de 
información a dichos órganos.
3. El Consejo o su Presidente, cuando lo consideren necesario, podrán ordenar que el Servicio de Inspección 
dependiente de aquél o los Presidentes, Magistrados o Jueces de cualquier Tribunal o Juzgado realicen 
inspecciones a Juzgados o Tribunales o recaben información sobre el funcionamiento y el cumplimiento de 
los deberes del personal judicial.
4. El Ministerio de Justicia cuando lo considere necesario, podrá instar del Consejo que ordene la inspección 
de cualquier Juzgado o Tribunal. En este caso, el Consejo notificará al Ministerio de Justicia la resolución 
que adopte y, en su caso, las medidas adoptadas. Todo ello sin perjuicio de las facultades que la presente Ley 
concede al Ministerio Fiscal.

Art. 172

1. El Presidente del Tribunal Supremo dirige la inspección ordinaria y vigila el funcionamiento de las Salas 
y Secciones de este Tribunal.
2. Los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia ejercen las mismas funciones en sus respectivos 
ámbitos territoriales.
3. El Presidente de la Audiencia Nacional tiene las facultades de los apartados anteriores, respecto a las 
Salas de la misma y los Juzgados Centrales.

Art. 173

Se encomendará la inspección a Juez o Magistrado de igual o superior categoría a la del titular del órgano 
inspeccionado.

Art. 174

1. Los Jueces y Presidentes de Secciones y Salas ejercerán su inspección en los asuntos de que conozcan.
2. Cuando a su juicio conviniere, para evitar abusos, adoptar alguna medida que no sea de su competencia o 
despachar visitas a algún Juzgado o Tribunal, lo manifestarán al Presidente del Tribunal Supremo, de la 
Audiencia Nacional o del Tribunal Superior de Justicia, para que éste decida lo que corresponda.

Art. 175

1. Los Jueces y Magistrados y el personal al servicio de la Administración de Justicia deben prestar la 
colaboración necesaria para el buen fin de la inspección.
2. Las facultades inspectoras se ejercerán sin merma de la autoridad del Juez, Magistrado o Presidente.
3. El expediente de inspección se completará con los informes sobre el órgano inspeccionado, que podrán 
presentar los respectivos Colegios de Abogados y Procuradores, en todo aquello que les afecte. A tal fin, 
serán notificados con la suficiente antelación, respecto a las circunstancias en que se lleve a cabo la actividad 
inspectora.

Art. 176

1. La inspección comprenderá el examen de cuanto resulte necesario para conocer el funcionamiento del 
Juzgado o Tribunal y el cumplimiento de los deberes del personal judicial, atendiendo especialmente a las 
exigencias de una pronta y eficaz tramitación de todos los asuntos.
2. La interpretación y aplicación de las leyes hechas por los Jueces o Tribunales, cuando administran 
justicia, no podrá ser objeto de aprobación, censura o corrección, con ocasión o a consecuencia de actos de 
inspección.

Art. 177

1. El Juez o Magistrado que realice la inspección redactará un informe que elevará a quien la hubiere 
decretado.
2. De las visitas de inspección se levantará acta, en que se detallará el resultado de aquélla, y de la que se 
entregará copia al Juez o Presidente del órgano jurisdiccional inspeccionado. Estos, con respecto a dicha 
acta, podrán formular las correspondientes observaciones o precisiones y remitirlas a la Autoridad que 
hubiere ordenado la práctica de la inspección, dentro de los diez días siguientes.
3. El Presidente de la Sala de Gobierno, a la que, en su caso, se dará cuenta, adoptará, a la vista del informe, 
cuando proceda, las medidas que estime convenientes dentro de sus atribuciones, y, cuando no tuviere 
competencia para resolver, propondrá al Consejo General del Poder Judicial lo que considere procedente. La 
comunicación al Consejo General se hará por conducto de su Presidente. El Consejo General adoptará por sí 
mismo las medidas que procedan cuando hubiere ordenado la inspección.

Art. 178

1. En el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia existirá una Secretaría 
de Gobierno, desempeñada por un Secretario, que estará auxiliado por los Oficiales, Auxiliares y Agentes 
que fije la plantilla.
2. En el Tribunal Supremo habrá, además, un Vicesecretario de Gobierno.

Art. 179

El año judicial, periodo ordinario de actividad de los Tribunales, se extenderá desde el 1 de septiembre, o el 
siguiente día hábil, hasta el 31 de julio de cada año natural.

Art. 180

1. Durante el período en que los Tribunales interrumpan su actividad ordinaria, se formará en los mismos 
una Sala compuesta por su Presidente y el número de Magistrados que determine el Consejo General del 
Poder Judicial, la cual asumirá las atribuciones de las Salas de Gobierno y de Justicia, procurando que haya 
Magistrados de las diversas Salas.
2. Los Magistrados que no formen parte de esta Sala podrán ausentarse, a partir del fin del período ordinario 
de actividad, una vez ultimados los asuntos señalados.

Art. 181

1. Al inicio del año judicial se celebrará un acto solemne en el Tribunal Supremo.
2. El Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo presentará en dicho acto la 
Memoria anual sobre el estado, funcionamiento y actividades de los Juzgados y Tribunales de Justicia.
3. El Fiscal General del Estado leerá también en este acto la Memoria anual sobre su actividad, la evolución 
de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la 
Justicia.

Art. 182

1. Son inhábiles los domingos, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva 
Comunidad Autónoma o localidad.
2. Son horas hábiles desde las ocho de la mañana a las ocho de la tarde, salvo que la ley disponga lo 
contrario.

Art. 183

También serán inhábiles los días del mes de agosto para todas las actuaciones judiciales, excepto las que se 
declaren urgentes por las leyes procesales.

Art. 184

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, todos los días del año y todas las horas serán 
hábiles para la instrucción de las causas criminales, sin necesidad de habilitación especial.
2. Los días y horas inhábiles podrán habilitarse por el Juez o Tribunal, con sujeción a lo dispuesto en las 
leyes procesales.

Art. 185

1. Los plazos procesales se computarán con arreglo a lo dispuesto en el Código Civil. En los señalados por 
días quedarán excluidos los inhábiles.
2. Si el último día de plazo fuere inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Art. 186

Los Juzgados y Tribunales celebrarán audiencia pública todos los días hábiles para la práctica de pruebas, las 
vistas de los pleitos y causas, la publicación de las sentencias dictadas y demás actos que señale la ley.

Art. 187

1. En audiencia pública, reuniones del Tribunal y actos solemnes judiciales, los Jueces, Magistrados, 
Fiscales, Secretarios, Abogados y Procuradores usarán toga y, en su caso, placa y medalla de acuerdo con su 
rango.
2. Asimismo, todos ellos, en estrados, se sentarán a la misma altura.

Art. 188

1. Los Jueces y los Presidentes de las Audiencias y Tribunales, dentro de los límites fijados por el Consejo 
General del Poder Judicial, señalarán las horas de audiencia pública que sean necesarias para garantizar que 
la tramitación de los procesos se produzca sin indebidas dilaciones. Se darán a conocer a través de un edicto 
fijado ostensiblemente en la parte exterior de las salas de los Juzgados y Tribunales. (Redactado según LO 
16/1994, de 8 de noviembre, BOE del 9 del mismo mes).
2. Los Jueces y Magistrados que formen Sala asistirán a la audiencia, de no mediar causa justificada.

Art. 189

1. El horario y la jornada de trabajo en las Secretarías y Oficinas Judiciales de los Juzgados y Tribunales será 
fijado por el Ministerio de Justicia, oído el Consejo General del Poder Judicial y las Comunidades 
Autónomas con competencias en la materia.
El horario de trabajo respetará el de audiencia pública de Juzgados y Tribunales fijado por el Consejo 
General del Poder Judicial y no podrá ser inferior al establecido para la Administración pública.
El Ministerio de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, determinará 
reglamentariamente los sistemas de control del horario y de justificación de incidencias en todas las 
Secretarías y Oficinas Judiciales de Juzgados y Tribunales, así como los horarios especiales y las 
modificaciones del establecido con carácter general cuando así pueda exigirlo el servicio público.
El control de las incidencias sobre el cumplimiento del horario dentro de cada Oficina Judicial se efectuará 
por el Secretario judicial quien deberá dar cuenta de ellas al Juez o Presidente y al Ministerio de Justicia en 
el marco de sus respectivas competencias. (Redactado según LO 16/1994, de 8 de noviembre, BOE del 9 del 
mismo mes).
2. Los Jueces y Magistrados, Presidentes, Secretarios, Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración 
de Justicia, así como los Médicos Forenses, deberán ejercer su actividad respectiva en los términos que 
exijan las necesidades del servicio, sin perjuicio de respetar el horario establecido.

Art. 190

1. Corresponde al Presidente del Tribunal o al Juez mantener el orden en la Sala, a cuyo efecto acordará lo 
que proceda.
2. Asimismo ampararán en sus derechos a los presentes.

Art. 191

A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, los que perturbaren la vista de algún proceso, causa u 
otro acto judicial dando señales ostensibles de aprobación o desaprobación, faltando al respeto y 
consideraciones debidas a los Jueces, Tribunales, Ministerio Fiscal, Abogados, Procuradores y Secretarios 
judiciales, serán amonestados en el acto por el Juez o Presidente y expulsados de la Sala, si no obedecieren a 
la primera advertencia, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que incurran.

Art. 192

Los que se resistieren a cumplir la orden de expulsión serán, además, sancionados con multa, cuyo máximo 
será la cuantía de la multa más elevada prevista en el Código Penal como pena correspondiente a las faltas.
Nota: La Ley Orgánica 3/1989, de 29 junio, de actualización del Código Penal, eleva esta cuantía de 30.000 
a 100.000 pesetas.

Art. 193

1. Con la misma multa serán sancionados los testigos, peritos o cualquier otro que, como parte o 
representándola, faltaran en las vistas y actos judiciales de palabra, obra o por escrito a la consideración, 
respeto y obediencia debidos a los Tribunales, cuando sus actos no constituyan delito.
2. No están comprendidos en esta disposición los Abogados y Procuradores de las partes, respecto de los 
cuales se observará lo dispuesto en el Título V del Libro V.

Art. 194

1. Se hará constar en el acta el hecho que motiva la sanción, la explicación que, en su caso, dé el sancionado 
y el acuerdo que se adopte por el Juez o Presidente.
2. Contra el acuerdo de imposición de sanción podrá interponerse en el plazo de tres días recurso de 
audiencia en justicia ante el propio Juez o Presidente, que lo resolverá en el siguiente día. Contra el acuerdo 
resolviendo la audiencia en justicia o contra el de imposición de la sanción, si no se hubiese utilizado aquel 
recurso, cabrá recurso de alzada, en el plazo de cinco días, ante la Sala de Gobierno, que lo resolverá, previo 
informe del Juez o Presidente que impuso la sanción, en la primera reunión que se celebre.

Art. 195

Cuando los hechos de que tratan los artículos anteriores llegaren a constituir delito, sus autores serán 
detenidos en el acto y puestos a disposición del Juez competente.

Art. 196

En los casos en que la ley no disponga otra cosa bastarán tres Magistrados para formar Sala.

Art. 197

Ello no obstante, podrán ser llamados, para formar Sala, todos los Magistrados que la componen, aunque la 
ley no lo exija, cuando el Presidente, o la mayoría de aquéllos, lo estime necesario para la administración de 
justicia.

Art. 198

1. La composición de las Secciones se determinará por el Presidente según los criterios aprobados 
anualmente por la Sala de Gobierno, a propuesta de aquél.
2. Serán presididas por el Presidente de la Sala, por el Presidente de la Sección o, en su defecto, por el 
Magistrado más antiguo de los que la integren.

Art. 199

Cuando no asistieren Magistrados en número suficiente para constituir Sala, concurrirán para completarla 
otros Magistrados que designe el Presidente del Tribunal respectivo, con arreglo a un turno en el que serán 
preferidos los que se hallaren libres de señalamiento y, entre éstos, los más modernos.

Art. 200

1. Podrá haber en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional, en los Tribunales Superiores de Justicia y 
en las Audiencias Provinciales una relación de Magistrados suplentes que serán llamados, por su orden 
dentro del orden u órdenes jurisdiccionales para los que hubieren sido nombrados, a formar las Salas en los 
casos en que por circunstancias imprevistas y excepcionales no puedan constituirse aquéllas, salvo cuando 
actúen en régimen de adscripció